Morena Herrera (*)
SAN SALVADOR – Las presiones para que Beatriz desista de su decisión y petición a las instancias responsables del Estado Salvadoreño para que permitan al personal médico terminar con su embarazo sin procesarles penalmente, parecen no tener límites y sobre todo reflejan la inversión de muchísimos recursos.
Las presiones son de diverso tipo y estilo, van desde el imperativo “no lo mates” hasta insistentes llamadas telefónicas ofreciéndole tratamientos con médicos especialistas, vivienda en la colonia Utila, ingresarla en hospitales privados “donde estarás como en un hotel y podrás estar con tu familia”. Como si en realidad les importará la salud de la gente que vive en situación de pobreza.
Surge la pregunta, porque estas personas, instituciones y organizaciones no se despojan un poco de sus riquezas y ganancias empresariales, que paguen más impuestos, que apoyen una reforma fiscal que permitiera que el Estado tuviera mayores ingresos públicos, lo que permitiría que todas y todos los salvadoreños tuviéramos derecho a una mejor atención en salud en las instituciones públicas. ¿Por qué al mismo tiempo que organizan conciertos carísimos llamando a déjame vivir, bloquean la aplicación de una ley de medicamentos que permitiría que toda la población tengamos medicinas a precios más bajos y el Ministerio de Salud pudiera abastecer mejor los centros de atención sanitaria pública?
¡Déjenme vivir es lo que está pidiendo Beatriz! Para ello ha recurrido a los canales institucionales que nuestro sistema político tiene establecidos. Pero ante la exigencia de su derecho constitucional, responde un Arzobispo despojado de toda compasión humana y cristiana diciendo “no puedo salvar a todas las almas, pero si evitar que una muera”, refiriéndose al feto anencefálico que Beatriz lleva en su vientre. ¿Cuál es el marco teológico de esta respuesta a un insistente periodista que preguntaba sobre la posibilidad de muerte de Beatriz? ¿No piensa el Arzobispo que las almas de las cinco mujeres que en el 2012 murieron por embarazo ectópico, que tal vez se hubieran salvado con una interrupción de embarazo a tiempo, pueden levantarse y reclamarle? ¿No importan estas almas tampoco? ¿Y los hijos e hijas que estas mujeres dejaron huérfanos? ¿y las familias que ahora les extrañan, tampoco importan?
Por otro lado, la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador en un documento de corte y pega, con graves y evidentes errores, incluyendo hasta nombres de resoluciones anteriores, resuelvedeclarando su incompetencia para emitir opinión sobre la consulta realizada por el Hospital de Maternidad ante el caso de Beatriz, pero pide se nombre a un Procurador para que represente los derechos de NO NATO, sin mencionar en ninguna de sus líneas al hijo de Beatriz, que tiene 13 meses, que requiere de los cuidados de su madre, que necesita tomar leche y alimentarse todos los días. De nuevo me pregunto, ¿es así como esta Junta de Protección vela por el interés superior del niño? ¿Dónde está el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia frente a estos intereses? ¿Dónde queda el interés de este niño que necesita que le garanticen su interés superior y el derecho a ser cuidado por su madre?
Han transcurrido 24 días y la Sala de lo Constitucional aún no responde al amparo de Beatriz, tampoco a los llamados de Relatores especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país, de Amnistía Internacional, ni a las Medidas Cautelares que la CIDH de la Organización de Estados Americanos –OEA- ha emitido al Estado de El Salvador.
Negar a una mujer la posibilidad de optar por salvar su vida es deshumanizarle, es negarle su condición de persona, de ser humano. Esto es lo que están haciendo con Beatriz y como sociedad, hemos hecho con otras mujeres que murieron sin poder optar. Eran muertes evitables que han quedado silenciadas, pero que desde sus tumbas ignoradas nos reclaman que hagamos algo para hacer de nuestro país un lugar donde merezca la pena vivir.
Sabemos que las presiones son enormes y de diferente tipo, pero todavía tenemos esperanza que los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelvan con sentido común, apegados a Derecho y restablezcan los derechos que en este momento están siendo violados a Beatriz. Que piensen como resolverían este caso, si Beatriz fuera su esposa, su hija, su hermana, su amiga. Que le reconozcan su condición de ciudadana de este país.
Si, las presiones son muchas, incluyendo los reportajes y videos de mujeres con dolorosas experiencias de embarazos anencefálicos y con padecimientos de lupus. Su decisión de continuar en esascircunstancias un embarazo es respetable, pero es sólo eso, su decisión, porque ellas pudieron optar, algo que en este momento se está negando a Beatriz.
(*) Columnista de ContraPunto