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OPINIÓN

¿Estado de derecho para quién?

Por: Marcela López

Penalización absoluta del aborto una forma de violencia institucional

En diversas ocasiones se ha planteado que la penalización absoluta del aborto es un acto inhumano, una forma de tortura para las mujeres con condiciones particulares dentro de la sociedad, como la pobreza, la edad y el nivel académico. Es de conocimiento general que, por leyes tan restrictivas sobre el aborto, como la que tenemos en El Salvador, las mujeres mueran por complicaciones obstétricas, o que se evite aplicarles un tratamiento que ponga en riesgo el desarrollo del embarazo, u obligar a una mujer a alargar su sufrimiento sabiendo que sus posibilidades de vida del feto son nulas, porque no tiene cerebro o sufre de otra condición que le imposibilite vivir fuera del útero, incluso existen casos donde obligan a niñas de 10 años a continuar un embarazo producto de una violación, donde los agresores son los padres o algún familiar de la niña o adolescente.

Pero, ¿por qué pasan estas situaciones de violencia y tortura a las mujeres adolescentes y jóvenes pobres de nuestro país si vivimos en un Estado de derecho?

Para intentar responder esta interrogante retomaremos el concepto de Estado desde su definición más sencilla, entendiéndolo como una forma de organización política, económica y social conformada por instituciones para regular la vida en sociedad. Estas instituciones conforman todo un sistema complejo de funcionamiento, dentro de esto un sistema capitalista y patriarcal que conforma clases y estratos sociales, para clasificar y tener un mayor control de la vida y los cuerpos, especialmente de las mujeres.

Es a partir de esto que ciertas condiciones nos colocan en posiciones diferentes; por ejemplo, nuestra condición de género nos coloca en una posición de desigualdad y sometimiento frente a todo lo masculino, y nuestra condición de pobreza nos coloca en una posición de exclusión y de mayor vulnerabilidad respecto a nuestros derechos humanos. Está comprobado que el acceso a la educación y la salud de calidad está determinado por el ingreso económico de las mujeres; mientras las mujeres pobres se desangran, mueren y tienen partos extrahospitalarios, como algunos casos de las 17, las mujeres ricas van a clínicas privadas dentro o fuera del país para abortar, y su problema se resuelve en cuestión de días.

En los últimos años desde que El Salvador ha sido gobernado por la izquierda hemos escuchado de manera frecuente que el Estado salvadoreño es un Estado democrático y de derecho. Desde un enfoque sociológico, esto implica que la vida en sociedad está regulada por un marco jurídico establecido y procedimientos determinados que regulan el funcionamiento de la vida en colectivo, a partir de la visión de derechos humanos.

Este es uno de los principales problemas que tenemos las mujeres para el ejercicio pleno de nuestros derechos: el marco jurídico y los procesos regulatorios establecidos no son favorables para el desarrollo integral de la vida de las mujeres y no logran ver a las mujeres como ciudadanas sujetas de derechos.

El problema del supuesto Estado de derecho en el que vivimos es que su marco jurídico es excluyente, violento, agresivo y nocivo para las mujeres, por leyes restrictivas y cargadas de dogmas religiosos que no permiten generar un proceso de regulación que para que las mujeres se nos reconozcan nuestros derechos fundamentales, garantizando una vida digna. Es decir, si el Estado y todas sus instituciones quisieran, pudieran evitar que las mujeres vivieran en condiciones deplorables.

Es difícil que las instituciones regulen para las mujeres, porque continúan generando políticas publicas tradicionales que son un fracaso para afrontar los problemas que vivimos las mujeres. ¿Por qué el Estado no quiere hablar de salud sexual y reproductiva? ¿Por qué no quieren aprobar el anteproyecto de Ley de Educación Integral en Sexualidad o reformar el Código Penal que criminaliza y judicializa a las mujeres por supuestos abortos? Simplemente, porque el aborto depende de la carga valorativa atribuida por su ubicación moral y ética determinada por la instituciones o, en otras palabras, por las personas que representan esas instituciones; por ejemplo, las personas responsables de legislar que dan un falso discurso cargado de odio, machismo y clasismo, donde lo importante para ellos es que las mujeres continúen con embarazos sin importarle si tienen acceso a atención médica, o si el embarazo las puede matar y dejar en orfandad a sus hijos que ya nacieron, o si esto obliga a niñas de 10 años a tener hijos de sus propios padres, y es ahí donde está claro ellos no son próvida son pro muerte de las mujeres jóvenes y pobres de nuestro país, ¿Cuáles son las opciones que le da nuestro Estado de derecho a niñas, adolescentes y jóvenes? Si lo único que hace es matarlas, encarcelarlas y criminalizarlas y obligarlas a vivir en más pobreza.

Mientras nuestros legisladores estén regulando el país desde un enfoque cargado de dogmas, y no desde una mirada científica, jurídica, integral y con enfoque de derecho las políticas implementadas no tendrán ningún impacto para promover el bienestar de la vida de las mujeres.

Es hora de regular para las mujeres y salvar la vida de las siempre excluidas nuestras niñas y adolescentes, es hora de construir un País que garantice los Derechos humanos de todas, empecemos por aprobar la reforma del artículo 133 del código penal en favor de la despenalización de las causales de aborto en El Salvador.

 

Publicado en ContraPunto