El Salvador: Organizaciones sociales llaman a Fiscalía a terminar con la persecución de mujeres pobres
Por Clanci Rosa
Organizaciones defensoras de derechos humanos entregaron más de 45 mil firmas ante Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado de Sentencia de Usulután pidiendo la liberación de Imelda Cortez, acusada de homicidio en grado de tentativa, pese a que su hija tiene 19 meses de edad.
La abogada Karla Vaquerano del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto fue la encargada de llevar las firmas a la FGR y expresó que el objetivo es pedir a la Fiscalía que deje de perseguir a Imelda, porque no hay elementos científicos ni jurídicos que sustenten sus acusaciones.
Mientras tanto, en el oriente del país un grupo de mujeres defensoras de derechos humanos se concentraron en las afueras del Juzgado de Sentencia de Usulután con el mismo fin, entregar más de 45 mil firmas.
“Como mujeres nos preocupa la situación de Imelda, pues se encuentra privada de libertad desde abril de 2017 y hacemos un llamado a Fiscalía para actuar bajo Ley y no acusar a Imelda de cosas de las que no tiene pruebas” expresó Susana Salmerón de la Concertación de Mujeres de Oriente.
La defensa de Imelda insiste en que la Fiscalía la acusa de un delito que no existe ““Ella tuvo un parto extra hospitalario y la Fiscalía la acusa de querer matar a su bebé” explicó Vaquerano antes de entregar las firmas a la Fiscalía.
Asimismo, Cristina Navarrete de la Colectiva Feminista de Oriente hizo un llamado al Juez que llevará la audiencia “Queremos pedir justicia por Imelda, es una mujer joven que ha sufrido violencia física y psicológica desde que estuvo en el hospital y ahora en la cárcel, donde sus derechos han sido vulnerados” expresó.
A la entrega de firmas se sumaron diversas cartas de organismo internacionales como el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitan al Fiscal dejar la persecución de Imelda, que representa a decenas de mujeres pobres que tienen emergencias obstétricas y terminan en una cárcel acusada de delitos que no han cometido.
La audiencia pública se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el Juzgado de Sentencia de Usulután, donde se decidirá su libertad o condena.