San Salvador, 5 de abril de 2018. Imelda Isabel Palacios, de 19 años, quien es procesada desde abril de 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado, luego de experimentar un parto extrahospitalario, fue violada por su padrastro, Pablo Henríquez. Así lo confirmó la reciente prueba de ADN practicada a la hija de la joven.
El examen científico fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), después de que la defensa de Imelda denunciara al padrastro por violencia sexual. El abuso inició desde que ella tenía 12 años. Producto de la violación, quedó embarazada en 2016. En ese año, la Policía Nacional Civil recibió 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales. El delito de violación en menor e incapaz fue el más denunciado: el 47.45 %, es decir 1 mil 873, esto de acuerdo con datos publicados en el Observatorio de violencia de Ormusa. Para ese mismo año, el Ministerio de Salud (Minsal) registró un promedio de 55 embarazos al día en adolescentes de 10 a 19 años (20 mil 241 en total); en ese mismo periodo de tiempo, el Instituto de Medicina Legal (IML) registró 1 mil 844 niñas y adolescentes violentadas sexualmente (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de los casos, las violaciones fueron cometidas por un familiar o conocido.
La FGR giró orden de captura contra Henríquez, acusado de violación agravada en perjuicio de Imelda, delito considerado como continuado dado que la violencia sexual inició desde la adolescencia y culminó siete años después, con el embarazo de la joven. El juzgado Segundo de Paz realizó la audiencia inicial contra Henríquez el 22 de marzo. Su caso pasó a la siguiente instancia penal: audiencia preliminar en un juzgado de instrucción.
La defensora de Imelda, Bertha Deleón, solicitó desde agosto de 2017 a la Fiscalía que realizará la prueba de ADN a la recién nacida y que acusara a Henríquez de violencia sexual; sin embargo, este procedimiento se dilató debido a que la fiscal se negaba a investigar la denuncia de violación realizada por Imelda, luego de su detención, porque no le creía.
Imelda está detenida en el centro penal de San Miguel desde noviembre de 2017. La audiencia preliminar será el 30 de abril, a las 10:00 a.m., en el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco. En estos meses, la defensa espera que se realicen los peritajes psicológico y social a Imelda; estudios que aún no ha realizado el Instituto de Medicina Legal de Usulután. Este 21 de marzo, Deleón y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico reiteraron, por escrito, la petición para que estos peritajes se realicen a la brevedad e hicieron del conocimiento del juez de Primera Instancia de Jiquilisco que la prueba de ADN “dio resultado positivo y que el padre de la niña de Imelda es el padrastro, por tanto es de suma urgencia que se realice el peritaje psicológico y que se investigue el nivel de daño psicológico que tiene Imelda tomando en cuenta su calidad de víctima”, de acuerdo con el documento.
El 17 de abril 2017, Imelda estaba en su vivienda cuando comenzó a sentir fuertes dolores en el vientre. Los dolores se intensificaron y ella percibió “que algo se le había desprendido”, mientras estaba en la letrina. Pidió ayuda, a gritos, porque no lograba ponerse de pie. Estaba muy débil y se desmayó. Cuando abrió sus ojos, estaba en el hospital, sin comprender lo que había sucedido. La jueza del Juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco pasó su caso a instrucción, la siguiente instancia penal. Así inició la persecución judicial contra la joven agricultora, quien fue llevada por su madre al hospital nacional, luego de experimentar un parto extrahospitalario, en busca de asistencia médica y quien terminó siendo acusada de homicidio agravado en caso de tentativa. La defensa ha solicitado apoyo psicológico para la joven, su madre y hermanos por las condiciones en las que se dio este embarazo y porque la familia depende económicamente del agresor.
“El resultado positivo del análisis de ADN da un giro importante y beneficioso para el proceso de Imelda, ya que junto al resultado de los peritajes psicológicos y estudio social permitirán fundamentar y alegar un estado de necesidad, que es excluyente de responsabilidad penal y un consecuente sobreseimiento definitivo”, explicó Deleón, durante la conferencia de prensa.
La defensora visitó recientemente a Imelda, quien al enterarse de la detención de su padrastro se mostró esperanzada en demostrar su inocencia. El caso de Imelda se hubiera evitado si la legislación permitiera la interrupción del embarazo en las cuatro causales relacionadas con la vida y salud de las mujeres y con la violencia sexual y trata de personas.
La Agrupación Ciudadana lamenta el sufrimiento ocasionado a Imelda y la serie de violaciones a sus derechos cometidos por la Fiscalía General de la República, institución que se negaba a investigar la violencia sexual ejercida en su contra, y que además ha violentado la presunción de inocencia de la jovencita, un derecho reconocido por la Constitución de la República.
Imelda al igual que casi 30 mujeres son el rostro visible de los daños que provocan la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Recientemente, Teodora y Maira, dos mujeres condenadas injustamente por homicidio agravado, luego de sufrir partos extrahospitalarios, recibieron la conmutación de la pena, después de estar en cárcel de mujeres durante 11 y 15 años, respectivamente. En el caso de Teodora, la Corte Suprema de Justicia resolvió conmutar la pena, luego de determinar que no existe evidencia científica de que ella cometiera homicidio agravado en el no nacido. Esta resolución es similar a la de 2011, cuando Cristina también recibió la conmutación de la pena por las mismas razones que Teodora. Ambas mujeres fueron condenadas por el mismo Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. En ambos casos, la CSJ resolvió que no existe evidencia científica de que ellas cometieron un crimen.
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