Por: Sara García
El 21 de enero de 2015, con 43 votos, la Asamblea Legislativa de El Salvador concedió el indulto a Guadalupe, quien había cumplido siete de los 30 años de prisión a los que fue condenada injustamente.
Guadalupe era una joven de 18 años cuando la llevaron del hospital a la cárcel, vivía en un municipio rural de Cuscatlán, únicamente había estudiado hasta tercer grado y trabajaba como empleada doméstica. Ella fue violada y quedó embarazada, pero un día todo se complicó. Presentó una emergencia obstétrica y el sangrado abundante hizo que sus empleadores la llevaran al hospital, donde después fue denunciada por el personal de salud. Sin embargo, aunque inicialmente se le acusó por aborto, durante el proceso judicial se cambió la tipificación a Homicidio Agravado, lo que hizo que la pena fuera más severa.
Tras esta injusticia, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico empezó a luchar por la restitución de los derechos de Guadalupe y fue así como se solicitó su indulto, el cual llegó para aprobación en la plenaria de la Asamblea Legislativa del pasado 16 de enero de 2015, donde contó únicamente con 42 votos de los 43 que eran necesarios.
Las opiniones en torno a la solicitud no faltaron cuando se buscó por primera vez la aprobación del indulto. El diputado Angulo aseguró la intencionalidad de cometer un delito por parte de Guadalupe, dejando de lado el informe favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia, el cual manifestaba la existencia de una duda razonable, es decir, que no existían pruebas directas para determinar que ella había cometido un delito. Angulo dejó claro su irrespeto al derecho constitucional de la presunción de inocencia. Además, la postura ideologizada del diputado solo dejó en evidencia las opiniones de algunos grupos fundamentalistas Opus Dei que atentan contra el Estado Laico, cuyos argumentos en Pro de la vida son inconsecuentes, pues ni siquiera votaron por la Ley de Agua, aún cuando este es un derecho humano fundamental.
Sin embargo, a pesar de los comentarios y de los resultados desfavorables la lucha no paró ahí. El indulto fue discutido por segunda vez y aprobado, lo cual supone un triunfo muy grande, un hito histórico para el país y para los derechos de las mujeres.
Algunos diputados como Douglas Avilés aludían no saber del caso, un argumento injustificable, porque el informe de la Corte Suprema de Justicia era detallado y conciso, por lo que sólo queda pensar que es un problema de voluntad política y desinterés en la reparación de injusticias que enfrentan las mujeres de nuestro país lo cual se reafirmó al momento que el diputado se abstuvo de votar.
Por otro lado la diputada Milena Escalón aseguró que “el caso de Guadalupe abrirá puertas para despenalizar el aborto”. Aún cuando se sabe que el indulto es un procedimiento administrativo de la Ley de Ocursos de Gracia, que únicamente busca extinguir una pena.
Lo cual hace pensar que el eslogan del Grupo de Mujeres Parlamentarias al que pertenece la diputada y que dice: “Todas las mujeres, todos los partidos, trabajando por la igualdad de género” sólo son letras. Palabras vacías que dejan de lado la opinión de los organismos internacionales que en 2014 expresaron en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales su “preocupación por la persistencia de la total prohibición del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin considerar algunas situaciones excepcionales, lo que ha generado, graves casos de sufrimiento de injusticia”.
Por ello, aunque al final el indulto de Guadalupe nos llena de esperanza y de ganas de seguir luchando aún nos deja varias preguntas pendientes de respuesta, entre las cuales están ¿Asumirá el Estado Salvadoreño la reparación de los 7 años que arrebató a Guadalupe? ¿Qué podemos hacer ante las posturas fundamentalistas de algunos diputados y diputadas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres? ¿El Estado Salvadoreño iniciará un diálogo serio, científico y laico acerca de penalización absoluta del aborto? Y, sobre todo, ¿Hasta cuándo las mujeres tendremos que someternos a todos estos procesos para acceder a la justicia?
