20.10.15 – (COMUNICADO DE PRENSA) Defensoras y defensores de derechos reproductivos testificaron el día de hoy en Washington D.C. sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en El Salvador que enfrentan las graves consecuencias de la prohibición total del aborto. Dicha política estatal ha llevado a que un amplio número de mujeres que tuvieron complicaciones durante el embarazo y/o abortos espontáneos sean encarceladas por sospechas de haber tenido un aborto.
La audiencia fue llevada a cabo el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principal cuerpo de derechos humanos en las Américas. La audiencia contó con la presentación de representantes del Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana, al igual que de Cristina Quintanilla, una de las 17 mujeres que sufrió complicaciones en el embarazo en el año 2004, y fue sentenciada a 30 años de cárcel por cargos de homicidio agravado. En el 2008, Cristina fue liberada después de que un juez determinará que habían existido violaciones al debido proceso en su caso.
Por más de 16 años, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para proteger la vida de la mujer – imponiendo penas a las mujeres y los médicos. La prohibición total ha resultado en el encarcelamiento injusto de un amplio número de mujeres que han sufrido complicaciones en el embarazo, que luego son juzgadas por el delito de homicidio.
Catalina Martínez Coral, Directora Regional Encargada del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:
“Por un largo tiempo, El Salvador ha ignorado el costo de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres y sus familias, obligando a las mujeres a temer por su salud y su libertad cuando necesitan servicios médicos de emergencia”.
“Los derechos reproductivos de Cristina y todas las mujeres salvadoreñas están siendo dejados de lado por la negativa de El Salvador en reconocer las consecuencias de esta ley injusta”.
“La Comisión Interamericana debe monitorear y solicitar a El Salvador que rinda cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos de Cristina”.
En Diciembre, la coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de las “Las 17” para hacer un llamado para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio. “Mirna” una de las “Las 17”, fue liberada en Diciembre después de haber estado en prisión. El resto de las 15 mujeres siguen pagando penas entre 30 y 40 años.
“El gobierno Salvadoreño tiene que terminar esta persecución contra las mujeres producto de la prohibición del aborto”, dijo Angélica María Rivas, abogada de la Agrupación Ciudadana. “Seguiremos luchando para liberar a las 17” sostuvo.
Cristina Quintanilla quedo embarazada por segunda vez en 2004. A los ocho meses de embarazo ella sufrió un aborto espontaneo en su hogar. Después de haber sido llevada al hospital para acceder a cuidados de emergencia, un oficial la interrogó y arrestó por sospecha de haber tenido un aborto ilegal. Ella fue sentenciada a 30 años de prisión bajo cargos de homicidio agravado en el 2005.
En la cárcel, Cristina soportó grave discriminación, así como abuso físico y verbal. Ella dormía en una celda que debía compartir con otras 84 mujeres y fue sometida a requisas que atentaron contra su intimidad, en otros tratos inhumanos durante su tiempo en la cárcel. Dos años después de la condena, ella trabajó con un abogado en su liberación, mediante el cual se probó violaciones al debido proceso durante su investigación y juicio. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que su condena era excesiva. Cristina Quintanilla fue liberada en agosto de 2009, casi cuatro años después de haber entrado a la cárcel.
“Debido a las leyes restrictivas que prohíben el aborto en El Salvador, sufrí daños tanto en el hospital, como en la cárcel que afectaron toda mi vida hasta el día de hoy”, afirmó Cristina Quintanilla. “Ninguna otra mujer debe sufrir lo que yo y el resto de las 17 sufrimos por culpa de la prohibición total del aborto en El Salvador” sostuvo.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado durante más de 12 años para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. El Centro y la Agrupación Ciudadana, prepararon el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias en los derechos humanos de la prohibición del aborto, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales después de sufrir emergencias obstétricas. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador no garantizan los derechos humanos de las mujeres
