Por: Norma Chiapparrone (*)
En un mundo donde la vida de las mujeres y las niñas vale tan poco, la campaña por la libertad de Las 17, ha dado sus frutos. Una de ellas, Guadalupe ya se encuentra en su hogar.
No ha sido éste un acto de liberalismo político, ni de graciosa complacencia ante los reclamos del activismo. Para quienes bregamos por la libertad de todas ellas, ha sido un acto de justicia, y alcanzarlo, fue un duro y arduo trabajo de miles de mujeres, primero en el país de origen – El Salvador-, y luego desde todos los rincones del mundo.
La justicia de este reclamo llegó hasta las Naciones Unidas. Imposible no darse cuenta del impacto que la violación de los derechos humanos de las mujeres ha causado, y la dimensión del problema que ello acarrea.
El aborto en el mundo es un problema de salud pública, y los gobiernos que no entienden este presupuesto, que no lo ven bajo esta óptica condenan ostensiblemente a las mujeres a una vida sin esperanza, sin derechos, sin justicia.
La restricción absoluta del aborto, hace tabla rasa con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Baste con ello examinar las estadísticas de los países donde existe legislación favorable al ejercicio amplio de tal derecho, con aquellos otros donde se lo ha suprimido en forma total.
Bien dice la Organización Mundial de la Salud que “las leyes de aborto restrictivas no reducen el número de abortos. En cambio, obligan a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos e inseguros que ponen en peligro su vida y su salud.”, como se consigna en el documento emitido por los expertos de las Naciones Unidas.
No hacer nada para el goce de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, o sea en contra de la mitad de la humanidad, es un crimen de género. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, y tenemos derecho a decidir cómo y cuándo procrear, o no.
Es también una violación a la igualdad, y un acto discriminatorio. Este es un mensaje claro y contundente, que los gobiernos deben escuchar, como se señala en el documento que comento.
Guadalupe, y las demás mujeres encarceladas en El Salvador, han sido objeto, también, de la violación de otros derechos como es el debido proceso y a mérito de ello, se les hubo impuesto penas absolutamente desproporcionadas, si se admitiera la penalización, que desde luego no resulta aceptable.
Entonces, estando pendientes la revisión de los restantes casos sometidos a la consideración de los poderes del gobierno salvadoreño, exhortamos a sus integrantes, no ya pidiendo un acto de humanidad sino de justicia.
La ignorancia y el error de quienes tienen en sus manos decidir sobre la libertad de estas mujeres, ya no es admisible. Son responsables internacionalmente de la violación de los derechos de ellas, y su compromiso como Estado es dar una respuesta favorable a las peticiones. Luego, deberán modificar la actual legislación siguiendo los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos.
La lucha no ha terminado, Guadalupe está en su casa y eso renueva nuestra esperanza.
(*) Secretaria General de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas.
