La denuncia de los casos de pederastia de los sacerdotes católicos Jesús Delgado con un alto cargo en la jerarquía católica salvadoreña y Juan Francisco Gálvez, párroco de la Iglesia  Rosario de Mora, está permitiendo sacar a la luz un problema, que aunque conocido por muchas personas, quedaba en el silencio, invisibilizando a las víctimas que vivían en soledad su sufrimiento. Es también una oportunidad para abordarlo en toda su magnitud y no como casos aislados, proponiendo medidas para prevenirlo, perseguir y castigar a quienes han abusado,  garantizar justicia y el resarcimiento de las víctimas.

La mujer que ha denunciado haber sido abusada en su niñez y adolescencia por el sacerdote Jesús Delgado, ha tardado 25 años en lograr la fortaleza necesaria para poder procesar el abuso que sufrió y sentir la confianza para expresarlo. Posiblemente ella está abriendo el camino para enfrentar un problema de abuso e impunidad, cuyas dimensiones aun somos incapaces de conocer. Por ello debemos de reconocer a esta mujer su valor para romper el silencio.

Ella encontró en el Estado, a través de los servicios de Ciudad Mujer, a personas que le escucharon y le creyeron, que le dieron la información y el apoyo para atreverse a exigir justicia y reparación. La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato,  fue la voz que en nombre del Estado denunció públicamente el caso. En el momento en que esta niña era abusada, el Estado no fue capaz de darle protección, pero la larga  lucha llevada por las organizaciones de mujeres, ha promovido leyes y políticas públicas que reconocen sus  derechos y un Gobierno con un mayor sentido de justicia y de equidad hacia las mujeres y la niñez, que está siendo capaz de acompañarla en su demanda.

La jerarquía de la Iglesia Católica, ha tenido que reconocer el problema y declarar que está comprometida  a combatir este tipo de abuso a la niñez. Todo ello nos da cierta esperanza de que el problema de abuso sexual infantil por parte de religiosos, pueda empezar a ser perseguido y prevenir que no se den nuevos casos. Sin embargo  debemos tener en cuenta  que es un problema de graves consecuencias y que su solución enfrenta múltiples resistencias.

Una primera cuestión a clarificar, es que en los medios de comunicación mencionan a los abusadores como pedófilos, término que define a las personas adultas que sienten atracción sexual hacia niños de su mismo o de distinto sexo, pero lo apropiado es calificarlos como pederastas, es decir adultos que abusan sexualmente de niños o niñas utilizándolos como objeto sexual, a partir de una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez, el poder derivado de fuertes influencias, en este caso de carácter religioso. Es decir estamos hablando de un delito, que contempla nuestro Código Penal y  debe ser el Estado quien garantice la protección, justicia y resarcimiento a niños, niñas y adolescentes que sufren este tipo de abusos.

Por otra parte estos casos ahora denunciados, no se pueden ver de forma aislada, pues hay que encuadrarlos en una problemática de grandes dimensiones que esta  afrontando la Iglesia Católica en multitud de países. Las primeras denuncias de pederastia por eclesiásticos, que tuvieron repercusión mundial fueron las que se dieron en la Arquidiocesis de Boston a partir de 2002, y desde entonces las denuncias no se han detenido en USA, afectando a miles de sacerdotes. Según la revista  National Catholic Reporter, la Iglesia Católica ha desembolsado alrededor de 4,000 millones de dólares US en indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos. Estas indemnizaciones formaban parte de una estrategia para que no se desarrollaran los juicios y no se hiciera publica toda la documentación existente sobre estos casos, que no solo involucraba a los abusadores sino también a obispos y otras jerarquías religiosas que han ocultado los hechos, trasladando de parroquia o colegio a los abusadores y presionando a las víctimas para que no denunciaran, para que guardaran silencio, transfiriéndoles la culpa de haber sido victimizados.

En otros países como Irlanda, Alemania y México se han realizado investigaciones que han mostrado la magnitud de esta problemática. La organización estadounidense SNAP (Red de supervivientes de abusos de sacerdotes) acreditó más de 15.000 casos concretos ante el Comité de los Derechos del Niño en la ONU, en enero de 2014. Esta problemática ha generado la reacción de diversos organismos internacionales. En enero de 2014 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, condeno al Estado irlandés por no haber protegido a las víctimas de abusos sexuales en colegios católicos. Por su parte el Comité de la Convención de Derechos del Niño en la ONU, citó a inicios de 2014 al Vaticano, para que como firmante de este Convenio internacional, informara de las acciones que estaba realizando ante las reiteradas denuncias de casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes, sin embargo la Iglesia Católica solo hizo afirmaciones vagas sobre su preocupación ante este problema por lo que en su Informe de Conclusiones el Comité muestra “su profunda inquietud por los abusos sexuales cometidos contra niños por miembros de iglesias católicas que operan bajo la autoridad de la Santa Sede”, y  reitera que “el Comité está muy preocupado de que la Santa Sede no haya reconocido la amplitud de los crímenes cometidos, no haya tomado las medidas apropiadas para afrontar los casos de pedofilia y para proteger a los niños y haya adoptado políticas y prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores”.

El actual jefe de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha mostrado su indignación ante los casos de pederastia realizados por sacerdotes y ha dado algunas muestras de querer hacer frente a esta problemática. En marzo de 2014 conformó una Comisión de Protección de Menores y en julio del mismo año se reunió con 6 víctimas de pederastia a las que pidió perdón en nombre de la Iglesia. Sin embargo siguen sin verse acciones claras para que los denunciados por este delito sean entregados a la justicia civil. En 2013, el Obispo Josef Wesolowski, Nuncio (cargo equivalente a embajador) de la Santa Sede en República Dominicana, fue investigado por pederastia reiterada con niños dominicanos, el Gobierno de este país informo al Vaticano antes de hacer públicos los hechos. Desde Roma mandaron llamar inmediatamente al Obispo que ya no regresó nunca a Republica Dominicana. En base a la información proporcionada por la Justicia dominicana, el Vaticano le abrió un proceso y se encontraron en los ordenadores, que manejaba Wesolowski y que eran propiedad del Vaticano, una colección de100.000 imágenes pornográficas, entre vídeos y fotos de jóvenes varones entre 13 y 17 años, parte de ellas recopiladas durante el periodo que estuvo en un Convento en Roma “haciendo penitencia.” El día programado para iniciar el juicio el Obispo Wesolowski enfermó, fue internado en un Hospital y el 28 de agosto de 2015 murió antes de que empezara el juicio. Nunca sabremos en detalle, los delitos que cometió este representante diplomático del Vaticano. Los niños dominicanos que sufrieron los abusos nunca tuvieron la oportunidad de que fuera juzgado en su país el agresor, ni tener ningún tipo de justicia y resarcimiento.

Estos casos nos muestran la importancia de garantizar la laicidad del  Estado y su separación respecto a las diferentes iglesias existentes en el país, para promover la investigación por parte de la Fiscalía General de la Republica de los casos denunciados y otros que puedan ir apareciendo, así como la aplicación de la ley por igual a toda la ciudadanía, con garantías procesales, pero sin privilegios para que las personas con poder puedan escapar de la justicia.

Los ciudadanos y ciudadanas debemos de escuchar a las niñas, niños y adolescentes que manifiesten que son abusados, creyéndolos y dándoles apoyo para superar esa situación y que sean capaces de denunciarla y demandar justicia. Es urgente exigir a nuestros legisladores y legisladoras que debatan y aprueben con rapidez las propuestas de iniciativa de ley para que no prescriban los delitos de abuso sexual a la niñez y adolescencia, que ya han sido introducidas en la Asamblea Legislativa.

En especial es necesario que el Estado tenga la necesaria autonomía respecto a las jerarquías eclesiásticas para la aprobación y aplicación de políticas y leyes que garanticen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pues ya vemos que la jerarquía de las iglesias  tiene grandes problemas en el enfoque de estos derechos,  pretendiendo que toda la ciudadanía deba de cumplir unas normas morales rígidas, que no responden a las propias conductas de algunos de sus sacerdotes y a las necesidades y decisiones éticas de su feligresía y por otra parte no muestra acciones claras y contundentes para enfrentar problemas como la pederastia de un significativo número de sus miembros.

Por su parte invitamos a los miembros de estas iglesias a que sean defensores activos de la denuncia de estos delitos y de su prevención, priorizando la protección a las víctimas y el juzgamiento de los abusadores, no permitiendo el encubrimiento y justificación de los abusadores, contribuyendo así a la depuración de sus instituciones religiosas.