San Salvador, 25 de septiembre— En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, la Agrupación Ciudadana, junto con la Asamblea Feminista y la Colectiva Feminista, se pronunciaron sobre los graves impactos que continúa teniendo la ley de penalización absoluta del aborto en El Salvador. A pesar de los avances logrados en los últimos años, que permitieron la liberación de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas, este año ha surgido un nuevo caso: una joven de 19 años fue encarcelada tras enfrentar una emergencia obstétrica dentro del hospital al que acudió en busca de atención médica. En lugar de recibir ayuda fue denunciada, esposada a la camilla y trasladada directamente del hospital a la cárcel.
El equipo jurídico de la Agrupación lamenta que se continúe denunciando a las mujeres que enfrentan emergencias médicas durante el embarazo, pues se debería actuar de acuerdo al protocolo de Abordaje de las Emergencias Obstétricas del MINSAL, que específicamente establece:
En la atención de una emergencia obstétrica: a) no se deberá posponer bajo ninguna circunstancia la atención médica oportuna, b) El personal de salud debe centrar sus esfuerzos en la atención de la emergencia obstétrica; c) No debe realizarse ninguna acción encaminada a aclarar la presunción de algún “acto delictivo”, ya que vulnera el secreto profesional y además retrasa la atención médica que es el objetivo (MINSAL, 2022, p. 19).
Este protocolo es una de las medidas de no repetición emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Manuela vs El Salvador.
“La Corte IDH reconoció que El Salvador criminaliza las emergencias obstétricas y es lamentable que el sistema de justicia salvadoreño no se comprometa en el cumplimiento de este mandato que retrasa la justicia y afecta a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad social”, dijo Abigail Cortez, del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana.
De acuerdo con las abogadas, la situación se complica porque en este caso como en otros que registra la organización, se están aplicando los términos del régimen de excepción, que retrasa el acceso a justicia, la presunción de inocencia, no brinda acceso a la atención médica y el derecho a un debido proceso. En este sentido, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, es enfática en señalar que no se debe aplicar el RE a las emergencias obstétricas.
“Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes, debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad. Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción está cometiendo una doble discriminación y violación de derechos: porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, afirmó.
En marzo de este año, la organización celebró la libertad de Las 17 y más, mujeres que habían sido condenadas tras enfrentar una emergencia obstétrica con penas de hasta 40 años, en total la organización logró la libertad de 73 mujeres, la última en recuperar su libertad fue Lilian, cuyo caso se asemeja al de la joven criminalizada recientemente. Pues ambas acudieron a un hospital en busca de ayuda y al contrario fueron denunciadas. Estos casos evidencian la persistencia de un patrón de criminalización basado en estigmas, similar al ocurrido con Evelyn en 2019.
Los argumentos del sistema de justicia y del sistema de salud continúan sustentando en estereotipos de género que exigen a las mujeres auto asistirse durante el parto, sin importar su estado físico, emocional o mental. Como organización, hemos desmontado muchos de estos estereotipos, demostrando que existen casos donde las mujeres desconocen su estado de embarazo, que los cuerpos no reaccionan de la misma manera, y que el hecho de ser mujer no nos convierte en expertas para asistir un parto. Esto es especialmente cierto en las condiciones de precariedad en que se desarrollan muchos embarazos y maternidades en El Salvador.
“Históricamente El Salvador ha sido reconocido por violar estandares internacionales en materia de Derechos Humanos y en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSYDR). Existen múltiples llamados a revisar su legislación para erradicar el impacto de la absoluta penalización del aborto en la vida y salud de las mujeres y personas gestantes”, expresaron representantes de la Colectiva Feminista. Además, hicieron un llamado urgente a que cesen las campañas de estigmatización y deslegitimación de las defensoras de DSYDR, que asumen esta labor en un contexto cada vez más hostil y criminalizador, cooptado por discursos fundamentalistas.
La Asamblea Feminista presentó datos clave sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador, destacando un total de 207 muertes maternas entre 2019 y 2023. De estas, el 49.3% (102 casos) ocurrieron en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador. Además, en el mismo hospital, entre enero y marzo de 2024, se han registrado 7 muertes maternas, cuatro más que en el mismo periodo de 2023.
“Estas cifras de muertes maternas son preocupantes y exigen al Estado respuestas en cuanto a la atención efectiva de las causas de la mortalidad materna, dado que la mayoría de muertes maternas proceden de los servicios de infectología, sobresaliendo los diagnósticos de: COVID-19, sepsis no especificada y otras neumonías a nivel nacional”, detalló Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista.
El Salvador cuenta con una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto, penalizando cualquier tipo de interrupción del embarazo, incluso en casos de riesgo para la vida de la madre. Estas leyes han llevado al encarcelamiento injusto de decenas de mujeres, la mayoría de ellas con condiciones socioeconómicas precarias. Aunque la lucha feminista ha logrado la liberación de 73 mujeres, los recientes encarcelamientos confirman que la criminalización sigue siendo una realidad en El Salvador.
