San Salvador, 10 de junio de 2021. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Manuela vs. El Salvador tendría importantes implicaciones para la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador y la región, así como el rol del Estado frente a resoluciones internacionales de este tipo. Por ello, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en coordinación con la Universidad de El Salvador (UES), realizaron en San Salvador el foro público “Caso Manuela: impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador”.
El Caso Manuela vs. El Salvador hace referencia a la vulneración de los Derechos Humanos de Manuela, una mujer salvadoreña que enfrentó múltiples discriminaciones, al poseer escasos recursos, bajo nivel de escolaridad y residir en una zona rural del país. Cuándo perdió su embarazo a causa de una emergencia obstétrica y acudió a los servicios nacionales de salud estuvo sometida a malos tratos y a diferentes estereotipos de género por parte del personal médico y de la Policía Nacional Civil. Debido a esto, ella atravesó un proceso penal en su contra que evidenció irregularidades y fue condenada por homicidio agravado. Una vez encarcelada, Manuela murió en el año 2010 en custodia del Estado salvadoreño a causa de un cáncer linfático no diagnosticado ni tratado de manera adecuada.
Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.
Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la defensa pública y, entre otras, reformas al sistema penal y penitenciario.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto binacional “Inclusión, gobernanza y restitución de derechos para todas y todos”, ejecutado por Oikos- Cooperación y Desarrollo, la Asociación Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) en El Salvador, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC) y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) en Honduras, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea. Con este proyecto se busca fortalecer la gobernanza entre la sociedad civil y los Estados de Honduras y El Salvador, para implementar políticas públicas vinculadas a la promoción y restitución de los derechos humanos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres, jóvenes y población LGBTI en ambos países.
Para mayor información: merymoisa@gmail.com y/o jorge.menjivar@agrupacionciudadana.org