San Salvador, 26 de junio de 2018. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, alzan la voz por la libertad de expresión, lamentan y cuestionan la restricción al derecho a defender derechos, emitida por el juez Lic. Manuel de Jesús Santos de Primera Instancia de Jiquilisco. Él ha solicitado a la Policía Nacional Civil (PNC), seguridad una cuadra antes del juzgado para limitar el acceso a la audiencia preliminar en contra de Imelda Palacios. En resolución emitida el ocho de junio de 2018, el Juez considera que: “Grupo de asociaciones en defensa de los derechos de la mujer, se presente a las instalaciones de este Tribunal a obstaculizar el paso y que cueste lo que les cueste sacaran de estas instalaciones de este Centro Judicial a la imputada Cortez Palacios”, en la audiencia que se desarrollará el 4 de julio de 2018, a las 11:00 a.m.
Las organizaciones han llamado a personas y asociaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, a una concentración pacífica y solidaria con Imelda Palacios, de 20 años de edad, quien luego de experimentar un parto extrahospitalario, es acusada del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La joven quedó embarazada producto de la violencia sexual agravada, ejercida por su padrastro, Pablo Henríquez. Esto ha sido comprobado recientemente, luego de que la defensa solicitara practicarle una prueba de ADN a la hija de la joven.
Defender derechos es un derecho humano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. “La Asamblea aprobó por consenso la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sin embargo, el juez Santos está violando derechos a la ciudadanía al intentar evitar que defensoras y defensores de derechos humanos exijamos la libertad inmediata para la joven; quien no ha cometido ningún delito, ya que sufrió una emergencia obstétrica. Y en su caso, la violencia sexual era conocida por un familiar y vecinos, quienes fueron cómplices al no presentar una denuncia.
El equipo jurídico que defiende a Imelda, solicitó desde agosto de 2017 a la Fiscalía General de la República (FGR), que realizara la prueba de ADN a la recién nacida, y que acusara a Henríquez de violencia sexual agravada; sin embargo, este procedimiento se dilató debido a que la fiscal auxiliar del caso, se negaba a investigar la denuncia de violación sexual agravada realizada por Imelda, luego de su detención, porque no le creía. La FGR giró orden de captura contra Henríquez, acusado de violación sexual agravada en perjuicio de Imelda, delito considerado como continuado dado que inició desde que ella era una niña: tenía 12 años y culminó siete años después, con el embarazo de la joven. El juzgado Segundo de Paz realizó la audiencia inicial contra Henríquez el 22 de marzo. Su caso pasó a la siguiente instancia penal: audiencia preliminar en un juzgado de instrucción.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos, frente a estos acontecimientos exigimos:
- Al juez Lic. Manuel de Jesús Santos, libertad inmediata para Imelda no ha cometido ningún delito, enfrentó violencia sexual desde los 12 años de edad ejercida por su padrastro, Pablo Henríquez.
- A la Corte Suprema de Justicia que autorice la asistencia a audiencias públicas, para vigilar y observar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, y así garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de justicia.
- Al juez de primera instancia, Lic. Manuel de Jesús Santos, a desarrollar sus labores apegado a la Constitución de la República, y a abstenerse de hacer señalamientos constitutivos de delitos, dirigidos hacia personas defensoras de derechos humanos.
- A la Asamblea Legislativa, a que se inicie un debate serio y transparente, tendiente a la aprobación de un marco normativo que reconozca y proteja la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Para mayor información y/o entrevistas, el contacto es:
Fespad
Loyda Robles loydarobles@fespad.org.sv
503-78718207
Agrupación Ciudadana
Jorge Menjívar jorgem.agrupacionciudadana@gmail.com
503-76570800
