Publicado en expressate.net
Por: Sara García
El Salvador es uno de los 6 países en América Latina y el Caribe[1] que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Negándonos el derecho a decidir incluso ante situaciones de embarazos impuestos cuando son el resultado de violaciones sexuales, cuando el feto presenta anomalías congénitas incompatibles con la vida extrauterina o cuando a lo largo de la gestación se presentan complicaciones obstétricas que ponen en riesgo nuestra salud y vida.
Lo más grave de la problemática es que, a pesar de no ser el único país de la región con penas absolutistas en materia de aborto, sí somos el país que presenta mayor discriminación. Donde se imponen penas desproporcionadas a mujeres por emergencias obstétricas y/o delitos relacionados al aborto, llegando a tener condenas de hasta 40 años en prisión.
Pero esta no fue siempre nuestra realidad. Antes de 1997 nuestro país contaba con una legislación que permitía el aborto bajo las siguientes causales: Terapéutica (cuando estaba en riesgo la salud o vida de la madre); Ética (en caso de violación o estupro) y Eugenésica (cuando el feto era incompatible con la vida extrauterina). Sin embargo, los grupos fundamentalistas impulsaron la modificación de las leyes que regulaban el aborto, eliminando con ello todas las formas o causales por las que el aborto era no punible. Incluso, en 1999 consiguieron la aprobación de una reforma a la Constitución de la República en la que se estableció la responsabilidad del Estado con la persona humana “desde el instante de la concepción”.
Esta legislación totalmente restrictiva propició que el Estado salvadoreño estableciera un aparato de persecución judicial para denunciar, investigar y procesar cualquier sospecha de aborto en los hospitales públicos. Convirtiéndolos en el principal foco denuncias, que casi siempre terminan privando de libertad a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza y con bajo nivel de escolaridad, ya que son ellas quienes acceden en su mayoría al sistema de salud público. Un hecho que no se da en los hospitales privados.
Lo más grave de la situación es que estas mismas mujeres no sólo son denunciadas por aborto, sino que terminan siendo condenadas por homicidio agravado, con penas que pueden ir de 30 a 50 años de cárcel.
A partir de una investigación, realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico[2], sobre todas las mujeres procesadas judicialmente entre el año 2000 y 2011 por aborto u homicidio agravado, se conoce que el 68.22 % eran mujeres jóvenes entre 18 y 25 años y el 51.27 % no recibían ningún tipo de ingresos económicos. Las denuncias por las que fueron procesadas provenían en el 57 % de casos de hospitales públicos a donde fueron buscando ayuda médica.
También se estima que el número de abortos inseguros que se realizan anualmente en El Salvador alcanza a los 35,088.60 abortos al año, ello con base en la tasa para Centroamérica que dan las investigaciones del Guttmacher Institute y la Federación Internacional de Planificación de la Familia / Región del Hemisferio Occidental de 25 abortos inseguros por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva (15-44 años)[3]. Esto significa que el aborto es una realidad en la vida de las salvadoreñas y que penalizarlo no impide su práctica y que la existencia de leyes absolutistas solo propicia desigualdades sociales y obstáculos para las mujeres que no tienen los recursos económicos
Cómo dice la consigna feminista “ante un embarazo impuesto, la ricas viajan y las pobres se desangran”. Es decir, estar en contra de la regulación del aborto que permita causales, es estar a favor del aborto clandestino, que pone en riesgo la vida de mujeres con un perfil socioeconómico específico.
Es por eso, que esta lucha por la despenalización del aborto se vuelve urgente y necesaria para el movimiento social, feminista. Así como para las defensoras y defensores de derechos humanos.
Las mujeres no podemos seguir sintiendo miedo de asistir a un hospital público cuando necesitamos atención médica, no podemos seguir teniendo abortos inseguros que ponen en riesgo nuestra vida ni podemos permitir que más mujeres sigan en prisión o que más médicos sientan temor de hacer lo correcto ante la necesidad de abortos terapéuticos.
Luchar por el cambio de una ley injusta fortalece nuestra democracia, debatir sobre el tema desde la perspectiva de derechos humano es una claro indicador de pluralidad, dialogar en la academia, en nuestros hogares, trabajos permitirá construir una sociedad más justa y respetuosa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por eso debemos seguir luchando, seguir abriendo espacios de diálogo y evidenciando que esta ley es una ley injusta y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
[1] Países que penalizan el aborto de manera absoluta en Latinoamérica y el Caribe: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile, Haití y Suriname.
[2] Del Hospital A La Cárcel: Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción del embarazo en El Salvadorhttp://agrupacionciudadana.org/index.php/biblioteca/investigaciones/nuestras-investigaciones
[3] Guttmacher Institute y Federación Internacional de Planificación de la Familia/ Región del Hemisferio Occidental. Aborto a nivel mundial: Una década de progreso desigual. 2009. Apéndice. Cuadro 2, pág. 61 disponible en: http://www.guttmacher.org/pubs/Aborto-a-nivel-mundial.pdf.
