En noviembre de 2011 María Teresa Rivera sufrió un aborto espontáneo, ella asegura que no sabía que estaba embarazada. Han pasado cuatro años de ese episodio de su vida y es el mismo tiempo que lleva de estar encerrada en Cárcel de Mujeres acusada de homicidio agravado.

Teresa narra que se desmayó y fue su suegra quien la encontró en el baño, inmediatamente llamó una ambulancia y unas horas después aparecieron. Al ver su estado determinaron que había sufrido un aborto, las interrogantes surgieron “¿dónde está el bebé?”. No obtuvieron respuesta, pues Teresa ni siquiera lo sabía.

La mujer de 30 años de edad es madre de un niño de 9 años. Teresa afirma que era ella quien mantenía a su pequeño hijo y ayudaba a su suegra, con quien vivían. Solo eran ellos tres en una casa ubicada en Mejicanos en San Salvador.

Teresa trabajaba en una maquila, de lo poco que ganaba aportaba para la casa, para la educación de su hijo y para que su suegra tuviera una tienda, “que ya quitó” porque ya no pudo ayudarle. Afirma que no sabe cómo hace su suegra para mantener a su hijo y mandarlo a estudiar.

Ella se suma a la lista de mujeres inculpadas de haber cometido aborto y son procesadas y condenadas por el delito de homicidio agravado.  En 2012 fue condenada a 40 años de prisión.

Resolución de la PDDH ante el caso de María Teresa

Respecto a esto David Morales, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se manifestó  y aseguró que en el caso de María Teresa Rivera no se garantizaron los derechos a la igualdad y a la no discriminación; además expuso que no se respetó el debido proceso judicial.

En la resolución el procurador asegura que existió “una violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, por trato diferente, con el objeto de menoscabar derechos u oportunidades por su condición de género y al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías judiciales como la presunción de inocencia”.

La PDDH conoció el proceso de María Teresa en 2014 cuando diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos le presentaron 17 casos de mujeres por quienes solicitaron un indulto y están acusadas de aborto y condenadas por homicidio agravado.

Según la resolución los prejuicios de la representante de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los respectivos juzgadores que conocieron en las distintas etapas procesales, situaron a la condenada en una posición de desventaja considerable “porque ella continuamente debió demostrar que era inocente de los hechos imputados, revirtiéndose entonces la carga de la prueba y el principio de presunción de inocencia”.

Morales asegura en su resolución que se constató que la actuación y los alegatos de FGR criminalizaron a María Teresa en todo momento ya que se limitó a expresar señalamientos subjetivos y no a buscó la verdad de lo ocurrido.

Señalamiento de la PDDH para la Fiscalía y el IML

Asimismo el documento de la PDDH señala que el Juez Tercero de Sentencia de San Salvador, José Antonio Flores, quebrantó los principios de presunción de inocencia y la duda razonable en favor de María Teresa. Además señaló que existieron prejuicios sexistas que fueron invocados para justificar una culpabilidad que no fue probada científicamente en forma clara y suficiente.

“No se demostró el dolo de la condenada, no existió un estudio gineco–obstetra serio y científico que permitiera establecer condiciones del parto, tampoco la participación de la imputada en el hecho acusado”, cita la resolución.

Ante tal situación, Morales recomendó al titular de la FGR, Luis Martínez, a fortalecer las capacidades del personal de dicha institución e incluir en la currícula de la Escuela de Capacitación Fiscal temáticas relacionadas con los principios básicos de su actuación como el de imparcialidad y la búsqueda de la verdad de los hechos delictivos para no limitándose únicamente a desempeñar un rol acusador.

Por otra parte, Morales también reprochó las opiniones públicas del director del Instituto de Medicina Legal (IML) Miguel Fortín Magaña quien, a su juicio, reveló información confidencial de casos como el de María Teresa con una visión sesgada y subjetiva.

Asimismo hizo un llamado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Asamblea Legislativa para que realice un análisis exhaustivo al proceso de María Teresa y les instó a considerar el enfoque jurídico, psicológico, sociológico, psiquiátrico y médico, así como las violaciones a derechos humanos expuestas por la PDDH.

Para Morena Herrera de la Colectiva Feminista la resolución emitida por Morales es un “acto de valentía” entre la negatividad en el tema de muchos sectores. Aseguró que la resolución es apegada al derecho y que por fin la PDDH “está cumpliendo su responsabilidad” al pronunciarse ante este tipo de violaciones a los derechos humanos.