San Salvado, 19 de agosto 2017. La Asamblea Legislativa, aprobó el jueves 17, reformas al inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia para prohibir el matrimonio con menores de edad. Con el voto favorable de 76 Diputados y Diputados y ninguno en contra ni abstenciones, los Grupos Parlamentario de los partidos políticos reconocieron que la defensa de los derechos de la niñez debe de garantizarse a través de leyes que condenen, prácticas machistas y patriarcales, que someten a las menores a relaciones de dominación por hombres adultos.
La condena al matrimonio con menores deja mensajes importantes a la sociedad salvadoreña.
- La práctica legalizada del matrimonio infantil desde 1994 con niñas y adolescentes que todavía no han logrado desarrollar plenamente su madurez y que se encuentran en condiciones de fuerte desigualdad ante los agresores con los que se realizaría el matrimonio. Este tipo de prácticas no deben de considerarse normales ni aceptadas en nuestra sociedad.
- La reforma legal contribuye a proteger el derecho de niñas y adolescente para que puedan desarrollarse, estudiar y vivir en un ambiente sin violencia ni coacciones.
- Además, impide que el matrimonio con una menor que ha sufrido violencia sexual, permita al abusador ser exonerado del delito, supone un acto de crueldad para la menor y de impunidad y consentimiento social para el agresor, que debe de ser procesado como responsable de un delito de violación o estupro.
Este acuerdo legislativo tiene una gran importancia para el país, según publicación de la Prensa Gráfica “anualmente, el Hospital Nacional de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez, de San Salvador, atiende un promedio de 10,000 a 10,500 partos; de esta cifra el 28 % son alumbramientos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años”.
El mapa de embarazo adolescente consigna que “en 2015, en promedio, cada día 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas, o dicho en otros términos, tres embarazos cada hora, o bien un embarazo cada 21 minutos”. El 57 % de las denuncias de agresión sexual, según la PNC, son contra menores de 18 años.
Destacamos el hecho de que diputados y diputadas, entendieron que la prohibición del matrimonio con menores es un problema de país, sin colores partidarios. Mostraron que es posible construir consensos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, por lo que se reconoce y valora positivamente el acuerdo logrado.
Señalar que si bien ha sido un paso muy importante, las niñas y adolescentes están enfrentando embarazos impuestos que afectan gravemente sus vidas. Producto de abuso, violación o relaciones desiguales de dominación, quedan embarazadas a temprana edad, sin tener el desarrollo físico, psicológico y emocional para afrontar la maternidad. Sus cuerpos no han alcanzado la constitución necesaria para un embarazo, teniendo partos de alto riesgo. El 89% de niñas y adolescentes embarazadas abandonan sus estudios y solo un 18% los retoma, truncando su proyecto de vida.
Estas niñas y adolescentes se ven sometidas a la tortura de continuar con un embarazo resultado de una violación y luego asumir una maternidad, provocando graves traumas psicológicos. Ante esta situación se dan los casos de suicidio de niñas que, al no encontrar alternativa, optan por envenenarse con agroquímicos, siendo la causa del 57% de las muertes de embarazadas de entre 10 y 19 años.
Para hacer frente a esta problemática de salud pública y de derechos, es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe la despenalización del aborto por causales, para que mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan diversas situaciones en las que la interrupción del embarazo puede ser una opción medicamente recomendada y éticamente aceptable, tengan la opción de poder llevarla adelante de forma legal y segura, a su vez se proporcionará la garantía jurídica al personal de salud tratante.
Ante esta situación, saludamos que a la propuesta de despenalización del aborto por causales, presentada por la diputada Lorena Peña en octubre de 2016, se haya sumado, el pasado 17 de agosto, una nueva propuesta del diputado Johnny Wright Sol. Hacemos un llamado a diputados y diputadas de todos los partidos políticos a que construyan un consenso para la aprobación de la reforma de ley del Artículo 133 del Código Penal, que regula la despenalización del aborto antes las diversas causas y circunstancias que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.
No se puede seguir esperando, es necesario tomar decisiones basadas en evidencia médica y reconocimiento de derechos, que den respuesta a esta demanda que busca garantizar la salud y la vida de mujeres, niñas y adolescentes.
