El Tribunal de Sentencia de Usulután tuvo que suspender la vista pública en el caso de Imelda Cortez porque la fiscal del caso, Bernarda Marisol Cáceres de Roque, avisó, unos minutos antes, que estaba enferma. La audiencia fue reprogramada para el 17 de diciembre. Imelda deberá continuar detenida en la cárcel de San Miguel.
Por Adriana Vásquez
Imelda Cortez tendrá que esperar 35 días más para conocer si podrá recuperar su libertad o será condenada por homicidio agravado en grado de tentativa. La vista pública, programada para el 12 de noviembre, fue suspendida luego de que la secretaria del Tribunal de Sentencia de Usulután leyerá la notificación enviada por Juan Miguel Cardona Arias, jefe de delitos relativos a la niñez y adolescencia. En esta, el funcionario aseguraba que la fiscal, padecía de faringoamigdalitis. Y que “no habiendo personal para enviar a alguien que la sustituya, reprograme la fecha”.
En la solicitud, explicaba que la información de la incapacidad médica la recibió vía telefónica, a las 8:00 a.m.; sin embargo, la noticia se conoció en el Tribunal de Sentencia cerca de las 10:40 a.m. Es decir, con casi dos horas de retraso. Luego de escuchar esto, Hugo Noé García, quien preside al Tribunal de Sentencia de Usulután, integrado también por Claudia Palacios y Maclin Portillo, fijó como nueva fecha el 17 de diciembre a las 10:30 a.m. Y explicó que en caso de ser necesario, esta continuará el 20 de diciembre dado que la fiscalía ha presentado ocho testigos; y, la defensa, seis.
García preguntó al equipo jurídico que defiende a Imelda si tenía algún comentario al respecto. Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), solicitó al juez que la fiscal presente la constancia médica que acredite su enfermedad. Asimismo, se quejó de que la Fiscalía General de la República (FGR) tardará casi dos horas en comunicar esta situación. E hizo alusión al gasto que esto representa para el equipo jurídico, para el Estado y para la familia de Imelda. El juez García aseguró que pedirá incorporar la constancia médica y estuvo de acuerdo con la falta de la Fiscalía.
Mientras esto sucedía en la sala de audiencias, decenas de mujeres y hombres expresaban su apoyo a Imelda, una cuadra abajo de este juzgado. El acceso al recinto judicial fue cerrado desde tempranas horas de la mañana por policías, quienes solo dejaron entrar a las personas registradas en una lista para asistir a la vista pública y a periodistas de medios nacionales e internacionales que daban cobertura. El cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales que velan por los derechos humanos se presentaron también. Asimismo, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Bertha Deleón, apoderada legal y defensora de Imelda, lamentó la suspensión. E hizo ver que la fecha para la que se reprogramó es casi en vacaciones, por lo que advirtió que puede haber problemas para que Imelda sea trasladada o para que todos los testigos se presenten. Asimismo, recordó que la audiencia preliminar se suspendió en siete ocasiones por la inoperancia de funcionarios del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: cuatro a petición del equipo de defensa porque el Instituto de Medicina Legal (IML) no había realizado los peritajes solicitados; una por el juez de primera instancia de Jiquilisco porque los peritajes no fueron realizados a tiempo; una, por falta de transporte de reos de Centros Penales de San Miguel; y la última, a solicitud del juez. Asimismo, que no es la primera vez que se cambia la fecha para realizar la vista pública.
Deleón recordó el costo económico que significa reprogramar la vista pública para familiares de Imelda, quienes viajan desde San Salvador y San Miguel hasta el Juzgado de Primera Instancia en Jiquilisco; y esta vez hasta Usulután. Así como el “daño moral irreparable para la joven, a quien se le está violando el derecho al debido proceso y a recuperar su libertad”.
Ana Julia Palacios, abuela de Imelda, lamentó que su nieta no recuperara su libertad este día. La noticia de la suspensión la impresionó tanto que tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional de Usulután. Las tías abuelas de Imelda también expresaron su preocupación por la joven. Aseguraron que desde que Imelda está en la cárcel no han podido visitarla por falta de recursos económicos; y expresaron su preocupación por la salud de la joven.
Imelda, de 20 años, está detenida desde el 17 de abril del 2017. Ella tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda en esa fecha. Debido a una fuerte hemorragia, fue llevada al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde la detuvieron y acusaron de aborto culposo. Un día después, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado en grado de tentativa contra su hija. Esto pese a que el expediente clínico de la niña revela que nació en perfectas condiciones y saludable; y, a que se comprobó que ella tuvo un embarazo negado, producto de la violencia sexual ejercida por su padrastro, Pablo Henríquez, durante siete años.
Con pancartas de #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda, activistas de diferentes zonas del país como el Bajo Lempa, Morazán, Suchitoto y San Salvador expresaron su apoyo a Imelda. Y la despidieron cuando fue trasladada en un microbús hacia la penitenciaria.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, compartió que a pesar de que el delegado de la fiscalía en Usulután maneja el caso, no quiso sustituir a la fiscal a fin de que no se suspendiera la vista pública. “Esto es parte de cómo se violentan los derechos a las mujeres pobres y de escasos recursos, todo por el machismo y el prejuicio impregnado en el sistema judicial”, lamentó.
“Es irresponsable por parte de la Fiscalía, todo porque no quiere tener esta visibilización, esta movilización. No quieren que los observadores internacionales veamos sus acciones y por eso postergan. Esta es una táctica para evadir que los ojos de organismos internacionales estén sobre el caso”, declaró Paula Avila-Guillen, abogada. La experta en derechos humanos a nivel internacional recordó que presentaron un recurso de apelación para que Imelda pudiera ser procesada bajo medidas sustitutivas a la detención provisional; sin embargo, la Fiscalía se ha empecinado en que la joven puede escapar o amenazar a los testigos, por lo que debe de estar detenida hasta que finalice el proceso. Deleón confirmó que “la Fiscalía se opuso a que se le dieran medidas distintas a la detención”.
