El día 20 de abril de 2016 se llevó a cabo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el Tribunal simbólico: justicia y reparación para las mujeres convocado por la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Colectiva de Feminista para el Desarrollo Local y el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona.
El jurado del Tribunal estuvo conformado por Dra. Mirna Perla, abogada y notaria, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Licda. Yolanda Guirola, abogada y notaria, miembra fundadora de CEMUJER y actual coordinadora nacional de CLADEM ES y el Lic. Josep Llácer Morell, Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustrísimo Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB). Además, estuvo conformado por los peritos y peritas, Abraham Abrego, director de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Dr. Mario Najera, médico forense de Guatemala y Licda. Angélica Rivas, abogada, especialista en género de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
El objetivo principal del tribunal fue contribuir a la libertad y acceso a la justicia de las mujeres criminalizadas injustamente debido a la legislación penalizadora del aborto en El Salvador. Los objetivos específicos fueron: dar a conocer violaciones de derechos humanos de tres casos de mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas (María Teresa, Teodora y Guadalupe), construir argumentos jurídicos, políticos y forense para el avance, defensa y lucha por la libertad de las mujeres y posibilitar la reparación moral de las mujeres criminalizadas y de sus familiares.
El carácter del tribunal fue simbólico y restaurativo por daños morales que familias, amigos/as y las mujeres han enfrentado por la absoluta penalización del aborto. Con ello, se logró obtener para cada uno de los casos una resolución jurídica simbólica que ayudará a construir una conciencia social más amplia sobre las consecuencias en la vida, salud y libertad de las mujeres que han sido criminalizadas.
Como resultado del Tribunal Simbólico el jurado declaró:
• Que el Estado de El Salvador es responsable por no respetar y garantizar los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, así como las garantías del debido proceso.
• El Estado de El Salvador es responsable por la omisión en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición.
• Es urgente la necesidad de medidas de reparación a las víctimas, a sus familias y amigas/os; tomando en cuenta las peticiones escuchadas y la restitución de sus derechos.
• El Estado de El Salvador es responsable por la violación al derecho a la libertad e integridad personal, en perjuicio de MARIA TERESA RIVERA, es urgente la resolución del Recurso de Habeas Corpus por parte de la Corte Suprema de Justicia presentado el año 2015, cuya sustanciación está excediendo todo plazo razonable.
• Que se resuelva a la mayor brevedad el proceso de conmutación de pena de TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ, presentado ante el Ministerio de Justicia en el mes de octubre del año 2015.
• El Estado Salvadoreño debe reparar moral y pecuniariamente a GUADALUPE VASQUEZ, quien estuvo 7 años en prisión por errores judiciales nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Debe establecer medidas de no repetición, que brinde atención integral a las mujeres criminalizadas injustamente y a sus familias, para restituir los derechos violentados a las mismas, se brinden programas de Rehabilitación, Satisfacción y de Indemnización compensatoria.
• Reconoce la deficiencia institucional de la asistencia jurídica prestada por la Procuraduría General de la República en estos casos.
• Debe reconocerse la falta de ética profesional y desprecio a la más elemental normativa deontológica del abogado defensor particular de TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ SALDAÑA por haber dejado en la más absoluta indefensión a su defendida.
• Que se hace expreso reconocimiento a la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos por el pronunciamiento en favor de María Teresa Rivera, emitido en noviembre de 2015 y se reconoce a quienes han ejercido la defensa técnica a favor de María Teresa Rivera, Teodora del Carmen Vázquez y Carmen Guadalupe Vázquez Altana; así como a las asociaciones defensoras de los derechos de la mujer.
Desde las organizaciones sociales y feministas manifestamos la urgencia de reconocer las violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que están enfrentando las mujeres criminalizadas injustamente. El acceso a la justicia es imprescindible para construir una sociedad más democrática y equitativa.
