Imagen tomada de http://www.oas.org/es/cidh/

Por: Jorge Menjívar
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local expondrán en las audiencias del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de las mujeres privadas de libertad que cumplen penas de 30 a 40 años de prisión tras sufrir emergencias obstétricas durante el desarrollo de sus embarazos.
A la audiencia “Situación de derechos humanos de mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas durante sus embarazos”, asistirán Angélica Rivas, defensora de derechos humanos; Cristina Quintanilla, salvadoreña que fue encarcelada luego de sufrir un aborto espontáneo y Nancy Northup, del Centro de Derechos Reproductivos.
Para la activista y defensora de derechos humanos, Sara García, el Estado salvadoreño debe cesar la criminalización de mujeres a través de sus leyes absolutistas que penalizan el aborto. “Seguiremos luchando por la vida, la salud y libertad de las 17”, aseguró.
David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo durante la presentación del “Informe Especial sobre el Estado de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador” un llamado al Estado salvadoreño para abrir el diálogo con miras a despenalizar el aborto prohibido desde 1997. Sobre todo, porque esta ley afecta principalmente a mujeres y niñas en situación de pobreza. Morales es el primer procurador que hace un llamado a debatir en torno al aborto.
Entre los años 2000 y 2014, 147 mujeres han sido procesadas por aborto o delitos relacionados. El 45% de las enjuiciadas son mujeres con baja escolaridad o analfabeta. Así lo revelo la investigación del Hospital a la Cárcel.
Actualmente, el Centro Penitenciario de Ilopango, donde se encuentran privadas de libertad las mujeres que tuvieron emergencias obstetricias, tienen un hacinamiento del 968%, según datos presentados por el Ministerio de Justicia y gobernación en su rendición de cuentas 2015.