Por: Norma Graciela Chiapparrone
El presidente de El Salvador se negó a recibir al representante de Amnistía Internacional, organismo que elaboró el informe sobre la situación de mujeres y niñas en dicho país, en septiembre pasado. El mismo detalla las enormes barreras culturales e institucionales que imperan en el país, y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, especialmente los que impiden el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
No sorprende dicha actitud de la máxima autoridad ejecutiva, cuando teniendo la posibilidad de mejorar la calidad de vida de su población, no sólo elude el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño, sino que por el contrario, viola en forma flagrante todas las disposiciones en materia de derechos humanos de las mujeres, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva, como es conocido por la comunicad internacional.
Esto ubica al Estado de un modo particular y específico como autor de un feminicidio anunciado, que no por conocido y silenciado desde los escritorios gubernamentales, evitará que en el futuro sea demandado internacionalmente. Sólo es cuestión de tiempo.
Pero ese tiempo es vital para las mujeres y niñas, especialmente las de condiciones socioeconómica más vulnerables, las que afrontan embarazos no deseados, las que se hallan en condiciones psicofísicas incompatibles con la concepción, las que han sido violadas, las que cursan embarazos con riesgo de su vida, las que aún en casos de abortos espontáneos o ectópicos no reciben asistencia médica, las que no saben, no conocen, o no pueden pagar el misoprostol, las que se esconden y no acuden al hospital porque son denunciadas por los profesionales de la salud. Y aún debe tenerse en cuenta a quienes pueden acceder económicamente a clínicas clandestinas, que por ser tales también carecen de de los controles correspondientes y por ello también ponen en riesgo su salud.
Esto es América Latina, sucede hoy en tiempo real, y tiene rostros, nombres, familias separadas y hasta estigmatizadas por la restricción absoluta del acceso al aborto. Madres encarceladas por años separadas de sus hijos, pese a la existencia de reglas internacionales que lo desaconsejan.
Todo esto documentó Amnistía Internacional en su Informe “Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”. Con testimonios, con estadísticas, con entrevistas a profesionales de la salud. Sin embargo, El presidente Salvador Sánchez Cerén se ha negado a recibirlo.
Y la pregunta es, ¿qué puede llevar a un gobernante a tanta indiferencia, a tanta ignorancia, a tanta ominosa actitud, todo ello en contra de las mujeres de su país?
Resulta difícil ensayar una respuesta, ni las activistas ni las defensoras podemos entender este pasaporte a la muerte que otorga ser mujer en El Salvador. Resulta inexplicable la contumacia del gobierno, no sólo de no respetar los derechos humanos de las mujeres, y especialmente los sexuales y reproductivos, sino también los que se concatenan con el servicio de justicia, que revictimiza, segrega y discrimina a quienes llegan a él por el irrespeto de sus derechos, la violación de las garantías a un juicio justo, y las condena a largos años de prisión.
Sólo y solamente una herencia ideológica patriarcal y misógina puede sustentar hoy en el Siglo XXI una actitud como ésta.
Tal como surge del informe en comentario, tras los acuerdos de paz de 1992, cuando se comenzó a debatir un nuevo código penal, fue muy notoria la presión de la jerarquía católica y de otros sectores contrarios al derecho a decidir, fracasando así la posibilidad de contemplar excepciones; el proceso legislativo concluyó, entonces, con la prohibición absoluta del aborto.
Lamentablemente el paradigma dominante céntrase en un par dialéctico entre las creencias religiosas y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Este sería el pensamiento de la dirigencia mayoritaria.
En este contexto la Causa de Las 17 emerge como un cachetazo al endrocentrismo, patriarcal y misógino que atraviesa transversalmente todas las estructuras del Estado. La campaña de la Agrupación Ciudadana ha presentado en abril último una petición de indulto, habiéndose agotado todas las demás instancias.
El Estado de El Salvador no ignora que las mujeres y niñas están al borde la muerte, aunque se nieguen a recibir y/u observar las innumerables advertencias y recomendaciones de los organismos internacionales, y los llamados y reclamos de la sociedad civil.
Como muchas otras mujeres y hombres que nos hemos movilizado visibilizando esta ignominia, seguiremos denunciando y reclamando
LIBERTAD PARA LAS 17, INDULTO YA
(*) Abogada y feminista argentina, Secretaria General de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas.
