Publicado en la Revista Atenea
Por: Kathy Bougher
En colaboración con Alberto Romero y Sara García
La campaña por la libertad de Las17 sigue evolucionando desde que inició el 1 de abril de 2014. En esta fecha La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y otras organizaciones defensoras de derechos humanos entregaron las solicitudes de indultos para 17 mujeres injustamente encarceladas y condenadas por homicidio agravado, que al inicio fueron acusada por aborto, como una consecuencia de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
El trámite del indulto fue un camino para luchar por las injusticias, y fue exitoso para liberar a dos de Las17, Mirna y Guadalupe.
Las otras 15 mujeres quedan encarceladas debido a las injusticias del mismo sistema que causó su persecución. La Agrupación Ciudadana sigue desarrollando estrategias y opciones para liberarlas a ellas y a otras que han sido condenadas en el transcurso del año.
La lucha colectiva por Las17 ha revelado la profundidad de las injusticias estructurales y sistemáticas que viven las mujeres salvadoreñas, en particular mujeres en situación de pobreza, enfrentan en los sistemas médicos y judiciales y cuando luchan contra la misoginia y los prejuicios y estereotipos sobre las mujeres. También, muestra la intransigencia de las fuerzas fundamentalistas y la derecha hacia los cambios necesarios para que el país cumpla con los requisitos de un Estado moderno que responda por los derechos humanos de las mujeres.
Logros y aprendizajes
La plataforma por la libertad de Las17, conformado por la Agrupación y organizaciones sociales, jóvenes, feministas, sindicalistas, LGTBI entre otras, tuvieron que luchar por más de un año para presionar al gobierno a cumplir la ley. Aunque la Ley Especial de Ocursos de Gracia estipula que el gobierno salvadoreño tenía que responder las solicitudes de indulto en tres meses, llegó al 11 de julio de 2014 sin respuesta. En ese día y en muchos otros la plataforma se manifestó frente a la Asamblea nacional pidiendo respuesta.
En septiembre de 2014 Amnistía Internacional realizó una vista al país encabezada por su secretario general, para hacer entrega del informe “Al borde la de muerte: Violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador.” Esta actividad tuvo un gran impacto posicionando con toda crudeza el impacto de la penalización absoluta del aborto en El Salvado y la denuncia desde diversas instancias internacionales.
La campaña logró la libertad de dos mujeres, a Mirna le fue otorgado el indulto por la Corte Suprema, su sentencia de doce años y medio por intento de homicidio agravado se terminó en noviembre de 2014, y fue liberada antes que la asamblea votara sobre su solicitud. Guadalupe, que había cumplido más de 7 años de su sentencia de 30 años, recibió los votos necesarios de la asamblea en enero y fue liberada en febrero. La Corte Suprema no aprobó ninguna otra solicitud de las 15 mujeres restantes, a pesar de la similitud en los errores judiciales con respecto al caso de la Guadalupe.
Luego en abril de 2015 llegó Amnistía Internacional otra vez con más de 350,000 firmas a favor de modificaciones a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. Esta recolección de firmas fue entregada a la Corte Suprema de Justicia, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos.
La campaña ha situado la responsabilidad por las consecuencias de la legislación existente con los tres poderes del gobierno salvadoreño. A pesar de que se es tan obvia esa responsabilidad, existe una fuerte resistencia a incorporarlas en sus agendas de trabajo. Un aprendizaje es que una gran mayoría de políticos e incluso prestadores de servicios de salud y justicia todavía desconocen los efectos en las mujeres de la actual legislación penalizadora del aborto.
Sin embargo, la campaña ha visibilizado para movimientos sociales y la sociedad civil no solo las consecuencias de una legislación que penaliza absolutamente el aborto, sino un sistema judicial que criminaliza a las mujeres sin escucharlas. Eso contribuye a la certeza de que fueron juzgadas violentando sus derechos procesales, violando el secreto profesional, no garantizando la presunción de inocencia, y en base a pruebas técnicas deficientes y no concluyentes, y sin pruebas directas para justificar su condena.
El Instituto de Medicina Legal seguía utilizando y defendiendo una prueba “científica” que expertos internacionales aseguran que había sido calificada como “inválida” desde el año de 1900. Esta prueba fue utilizada para “probar” la culpabilidad de al menos 8 de las 17 mujeres.
Varios expertos médicos, legales y académicos internacionales revisaron los expedientes de Las 17 y señalaron graves errores y deficiencias en el manejo de sus casos, y concluyeron que ninguno de los casos había evidencias suficientes para probar que fuera cometido un crimen.
La campaña ha construido alianzas con diversos movimientos sociales nacionales, a través de la Plataforma por la Libertad de Las17, que reconocen la problemática de la penalización del aborto como una realidad que afecta a sectores en todos los movimientos. También, se construyeron alianzas con organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres como el Centro de Derechos Reproductivos, CEJIL, IPAS, CAWN, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Campaña 28 de septiembre, WGNRR, INKOTA, entre otras.
La Agrupación ha logrado humanizar y dignificar las vidas y los problemas de las mujeres encarceladas, poniéndoles rostro, facilitando a la ciudadanía se identifique con las mujeres a las que se les han violado sus derechos. Se ve la problemática del aborto con nuevos ojos, superando visiones simplistas.
Los retos
El mismo pensamiento fundamentalista religioso que impulsó la prohibición absoluta del aborto todavía tiene una presencia hegemónica en El Salvador. Los fundamentalistas, utilizando medios masivos, han explotado el miedo de la criminalización bajo la ley para generar miedo a sectores progresistas que resultó en cierto silencio sobre el tema.
Los sectores fundamentalistas, en una campaña mediática agresiva publicaron artículos de opinión de manera continua, amenazadores contra la Agrupación y Las17. Incluso, publicaron los nombres completos de Las17 y las acusaron de “asesinas” y presionaron a diputado y magistrados a que no concedieran el indulto. Acusaron a las defensoras de Las17 con artículos como “Mentirosas feministas” “Negocio con sangre de inocentes” “17 bebes mutilados aquí hablan desde el cielo a sus mamas.”
En agosto de 2014 El Diario de Hoy publicó una investigación sensacionalista con datos de la Agrupación que incluía información manipulada de sus fuentes de financiamiento. La Agrupación consideró que se estaban creando condiciones para que después alguien pudiera hacer una denuncia por inducción al aborto. La Agrupación decidió exigir derechos de respuesta e hizo conferencia de prensa para desmentir información. Logró una reacción positiva de medios de comunicación extranjeros, de organizaciones sociales, así como también que este periódico publicara una entrevista de la Agrupación y la Colectiva feminista desmentían los errores y reafirmaban el derecho a defender derechos.
El director de Medicina Legal es aliado de sectores fundamentalistas vinculados al Opus Dei. Como director es el responsable de los informes forenses inconsistentes y con graves errores y conclusiones incriminatorias. Aprovechando su cargo realizó de forma sistemática entrevistas televisivas acusando a las mujeres de asesinas presentando fotos de los cadáveres de los fetos y aprovechando su “autoridad como médico” aunque no él no es forense sino psiquiatra. La Agrupación Ciudadana lo ha demandado ante el Tribunal de Ética Gubernamental por abuso de sus funciones. Un eslabón importante en la cadena de procedimientos fue el informe de Consejo Criminológico que evalúa a las mujeres solicitantes del indulto. Este consejo utiliza criterios muy discriminadores, por ejemplo el provenir de un hogar desintegrado, bajo nivel educativo, poca cualificación laboral y bajo nivel de económico, son causas para dar un informe negativo sobre ellas.
Obviamente todas estas mujeres provienen de sectores que viven en pobreza y además no reconocen que cometieron un delito y no presentan arrepentimiento. Por ello valoraron que no están reinsertadas y no debían ser sujetas de indulto. Esto contribuyó que al final solo dos mujeres recibieran resultados favorables.
Estrategia de seguimiento
La realidad es complicada. La Agrupación ha tenido éxitos en liberar a algunas mujeres encarceladas y espera tener más. Pero eso no evita que otras mujeres enfrenten las mismas injusticias si la legislación no cambia. Por eso, la Agrupación tiene que explicar al gobierno y a la sociedad civil sobre la necesidad de reformar la legislación, además de liberar a las mujeres condenadas. Así siguen formulando e implementado varias estrategias de seguimiento.
Una estrategia principal es promover el diálogo entre los responsables, es decir, que el Estado Salvadoreño debe garantizar los derechos y superar la violación sistemática de derechos de las mujeres que implica la ley actual.
También, tiene previsto promover un protocolo que garantice el cumplimiento del secreto profesional, para las mujeres que llegan a los hospitales públicos con complicaciones obstétricas lleguen sin medio a ser denunciadas y el personal médico no tenga miedo a ser acusado de ocultar un posible delito. Asimismo, La Agrupación está investigando otras figuras legales que facilitarán la libertad de las mujeres que permanecen en prisión.
Finalmente la generación de consensos con diversos sectores sociales y políticos para cambios en la legislación que permita la despenalización del aborto por causales, en especial la causal de la vida y la salud de las mujeres.
