San Salvador, El Salvador, 28 de noviembre de 2017. El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo el foro “Situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en El Salvador”, con la ponencia magistral de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de Mujeres y para El Salvador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la participación de representantes del Centro de Derechos Reproductivos, IPAS, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
En este espacio, auspiciado por las organizaciones locales y regionales que suscribimos el presente comunicado, fueron abordados los estándares internacionales —y particularmente a nivel interamericano— sobre la protección y tutela de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el país. Las participantes reiteraron que en El Salvador no existe un pleno respeto de estos estándares, a la luz de un contexto que no garantiza ni protege la salud y vida de las niñas y mujeres salvadoreñas; coincidiendo en que la prohibición absoluta del aborto en el país, incluso cuando está en peligro la vida de la mujer gestante, constituye una violación al derecho a la salud, pues restringe su libertad para tomar decisiones informadas sobre situaciones que afectan la salud reproductiva, al tiempo que atenta contra su dignidad.
A propósito, insistimos en la preocupación por el hecho de que las mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan un embarazo producto de una violación o abuso se ven forzadas a continuarlo, suponiendo un trato cruel, inhumano y degradante. En este contexto, es alarmante que, según datos de la Policía Nacional Civil, en 2016 se recibieron 3,947 denuncias por delitos sexuales, de los cuales el 47% fueron violaciones a menores de 15 años de edad; el 26% fueron adolescentes entre 15 y 18 años de edad y el 12% fueron violaciones a mujeres adultas.
Asimismo, reconociendo la importancia del acompañamiento y observación internacional, enfatizamos el respaldo de la Comisionada Macaulay al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos. Aunado a ello, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita, recomendó al gobierno salvadoreño que no continúe aplicando el Artículo 133 del Código Penal, que prohíbe de forma absoluta el aborto.
Tal como lo expuso la Comisionada, las organizaciones firmantes urgimos a las autoridades a posicionar éste como un debate de Estado. Destacamos la necesidad de que las autoridades que tienen la facultad de legislar, retomen las recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho una y otra vez al país para garantizar el goce de estos derechos para todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Reiteramos el llamado a las diputadas y diputados a legislar a favor de la salud y la vida de las mujeres, reformando el Artículo 133 del Código Penal por causales de salud i) cuando la vida de la madre esté en peligro; ii) cuando no exista la posibilidad de que el feto sobrevida fuera del útero; iii) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de mujeres; y iv) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de menores de edad.
Atentamente,
Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Centro de Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
