San Salvador, 28 de septiembre. La marea verde se tomó las calles de toda América Latina y El Caribe para exigir el aborto legal y gratuito. Desde 1990, el 28 de septiembre se ha convertido en un grito global por la despenalización del aborto en América latina y el Caribe. La Declaración de San Bernardo estableció esta fecha como un día de lucha feminista, que para este año une sus voces nuevamente para que el derecho a decidir con respecto al aborto se convierta en una realidad en los países que lo prohíben, incluso cuando la vida y la salud de la mujer está en riesgo.
Hoy, en El Salvador, movimientos sociales, defensoras de derechos humanos y de mujeres salvadoreñas se unieron para demandar al Estado el respeto y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
Ocho años después de la declaración de San Bernardo, en 1998, El Salvador penalizó de forma absoluta el aborto; aun cuando la salud y vida de las mujeres está en riesgo. Este 28 de septiembre, las feministas recordaron que “la sociedad cambió” y que desde hace casi dos años se volvió a abrir el debate con argumentos de salud y científicos de voces de expertos y médicos, quienes laboran en el sistema público de salud y lamentan no poder cumplir con su juramento Hipocrático al no poder ofrecer el tratamiento indicado en casos de embarazos de riesgo. Asimismo, recordaron que también la sociedad está de acuerdo con la necesidad de regular la interrupción voluntaria del embarazo cuando la salud y vida de las gestantes está en riesgo.
Las organizaciones y movimientos feministas, en una acción global realizada en América Latina y El Caribe, reivindicaron su derecho a decidir y responsabilizaron a sus gobernantes por las graves violaciones a los derechos humanos provocadas por la criminalización absoluta del aborto: muertes maternas, proyectos de vida truncados por la violencia sexual y embarazo adolescente, condenas injustas y excesivas para niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres por delitos que no cometieron, y dolor y sufrimiento en las familias salvadoreñas; así como el impacto económico en estas familias. Las mujeres recordaron que los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos a nivel internacional y son de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño.
El caso de Imelda Cortez fue mencionado durante la actividad. Imelda es una joven de 20 años, quien fue violada por su padrastro durante siete años. Producto de la violencia sexual quedó embarazada y experimentó un parto extrahospitalario, razón por la que se encuentra en prisión, acusada por la Fiscalía General de la República de homicidio agravado tentado en perjuicio de su hija recién nacida, delito que no cometió. Este es el caso más reciente del sufrimiento al que se ven sometidas las familias y las mujeres como consecuencia de la penalización absoluta del aborto.
Las activistas exigieron poner fin al dolor y a la tortura que viven las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres salvadoreñas. Demandaron a los partidos políticos Arena, FMLN y GANA votar por la reforma al artículo 133 del Código Penal, que desde 1998 penaliza toda forma de aborto, para que el aborto pueda realizarse cuando la vida y salud de las embarazadas esté en riesgo y cuando sea producto de violencia sexual. Asimismo, se pronunciaron para que el Estado:
- Emita garantías de protección y seguridad reales y efectivas para personas defensoras de Derechos Humanos que trabajan por reformas en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Realice una asignación presupuestaria adecuada y etiquetada para lograr la efectiva implementación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva del Minsal durante todo el ciclo de vida de las personas.
- Respete la laicidad del Estado, que implica implementar políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos, libres de dogmas y preceptos religiosos.
- Retome el debate desde la Asamblea Legislativa, para lograr la regulación efectiva de la interrupción del embarazo por razones de salud y vida .
- Promueva desde la Academia un diálogo nacional desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres para legislar apropiadamente sobre el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
- Implemente una educación sexual y reproductiva científica, libre de estereotipos y de calidad a las niñas, jóvenes y mujeres, que permita la garantía del derecho a decidir.
- Cesar las denuncias y criminalización de las mujeres jóvenes y en situación de pobreza por aborto o emergencias obstétricas, a quienes obligan a demostrar su inocencia en una clara violación al principio constitucional de presunción de inocencia que debiera ser garantizado.
- Dar continuidad al compromiso manifiesto del Estado salvadoreño con los acuerdos del Consenso de Montevideo.
Finalmente, recordaron a los candidatos a la presidencia que deben de escuchar las peticiones de las mujeres en esta temática.
