Es la primera ocasión que la Corte más importante del continente dispuso como estándar que, en casos de emergencias obstétricas en los que está en juego la vida de las mujeres, “está vetada la denuncia por parte del personal médico”, afirmó Carmen Martínez, abogada litigante en el caso y gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos.
Se trata de un fallo “histórico”, en el que se reconoce un contexto de penalización absoluta del aborto y se identifica una serie de violaciones al debido proceso.
Sandra Santos, maestra en Derecho Penal Constitucional, señaló que durante el proceso judicial contra Manuela hubo varias vulneraciones a sus derechos, entre ellas que tuvo una defensa pública deficiente. A Manuela se le cambió el abogado 30 minutos antes de la audiencia preliminar, no se usó su propia declaración y una vez se le condenó, sus defensores no plantearon recurso (casación o revisión de la sentencia), explicó la especialista, como parte de un análisis sobre la sentencia de la Corte IDH.
El Estado salvadoreño violó el derecho a la protección de los datos personales de Manuela y a su vida privada, añadió Santos. “La Corte advierte que la información de Manuela se reveló sin su consentimiento en tres momentos, dice la sentencia: cuando la médica la denuncia, cuando ella (la doctora) declara en el proceso penal y cuando el director del Hospital de San Francisco Gotera envió el expediente clínico”, puntualizó.
Esa información fue utilizada por las autoridades judiciales y la Fiscalía, “para hacer su propia relación de los hechos, sin tomar en cuenta si se trataba de una emergencia obstétrica; la única línea de investigación fue un aborto provocado, debido al uso de su información personal”, detalló.
Según su análisis, el fallo ha considerado que Manuela tampoco contó con un juez imparcial, que usara medios de prueba, sino que la decisión estuvo basada en estereotipos de género.
Otra especialista del derecho, Sonia Rubio, quien dirige la oficina en El Salvador de la Fundación para el Debido Proceso, afirmó que “es clave” que la sentencia de la Corte IDH reconozca el contexto de criminalización de mujeres en condiciones de pobreza que, como Manuela, han enfrentado emergencias obstétricas.
“No solo se criminalizó a Manuela por ser mujer, en condiciones de pobreza, con escaso acceso a educación formal y sexual. Hubo un conjunto de situaciones que la hizo objeto de una serie de injusticias, las cuales, a partir de esta sentencia, en principio, no deberían volver a ocurrir. La criminalización de mujeres debe terminar en este país”, aseveró Rubio.
Morena Herrera, reconocida feminista e integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, consideró que la sentencia en el caso Manuela es una oportunidad para que se rompan las condiciones que provocan que mujeres, que han enfrentado una emergencia con el embarazo y necesitan atención médica, tengan miedo de acudir a centros de salud.
“Con esta sentencia podemos cambiar, para dejar de castigar a las mujeres pobres, para dejar de seguir reproduciendo injusticias”, sostuvo.
La sentencia debe cumplirse
Las especialistas que hicieron un análisis de la sentencia Manuela, en un conversatorio en El Salvador, coincidieron en que el Estado está en la obligación de acatarla, actualizando su normativa, para evitar que se viole el secreto profesional y que se repitan más casos como éste.
“A partir de esta sentencia, en este país, ningún operador/a de justicia puede soslayar o desconocer la interpretación de la Corte Interamericana, a través de su sentencia”, dijo Sonia Rubio. Añadió que el Estado salvadoreño deberá eliminar, en la Constitución, los obstáculos que le impidan dar cumplimiento al fallo.
Por su parte, la abogada Santos explicó que existe jurisprudencia sobre la apertura de la Constitución salvadoreña hacia el derecho internacional.
Para las defensoras de derechos humanos, es urgente que el Estado no solo acate la sentencia, sino que reconozca que hay otras mujeres que, como Manuela, están siendo criminalizadas, producto de la penalización absoluta del aborto. “Manuela es una oportunidad para la libertad de las mujeres que siguen encarceladas, condenadas y las que están procesadas. Nos faltan las 17”, dijo Morena Herrera.
Según datos de organizaciones feministas de El Salvador, los casos de mujeres denunciadas y procesadas en condiciones similares a las de Manuela han aumentado en comparación con años anteriores.
Hasta el momento, el Estado no se ha pronunciado sobre la sentencia Manuela, pero existe información de que ya se ha dado a conocer a las instituciones involucradas en su cumplimiento. Dentro de las medidas de reparación que estableció la Corte está una petición pública de perdón por parte del Estado salvadoreño hacia Manuela y su familia.
