San Salvador, 18 de abril de 2018. Las organizaciones de mujeres y feministas que trabajamos por los derechos de las mujeres, durante los últimos años hemos venido abogando por un debate serio, sensato, responsable y basado en argumentos científicos en torno a la despenalización del aborto en nuestra sociedad, ante determinados casos graves.
No nos interesa la confrontación de ninguna naturaleza, por el contrario, se trata de que como sociedad e instituciones públicas se resuelva un problema grave en el país. El fanatismo y las posiciones extremistas no permiten un debate basado en argumentos.
Instituciones nacionales e internacionales se han pronunciado, instando a El Salvador a revisar su legislación penalizadora del aborto, para que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos, con los Pactos y Convenios internacionales ratificados por El Salvador y cumpla los criterios científicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ginecobstetricia.
La sociedad ha cambiado, pero quienes se oponen a que la ley actual cambie, continúan hablando como hace 20 años, mostrando altos niveles de insensibilidad al dolor que provocan las muertes de mujeres y niñas en nuestro país y a la inseguridad jurídica del personal de salud para afrontar embarazos de alto riesgo.
Este es un problema de la sociedad, de salud pública y por tanto deben ser las instituciones del Estado las que lo resuelvan. La actual Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de avanzar en estas soluciones, tomando decisiones basadas en la evidencia científica y el deber de garantizar y proteger los derechos a la salud y a la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en condiciones de pobreza, pues sobre ellas recaen las consecuencias de esta legislación. Tal como les solicita la Resolución 18-98 de la Sala de lo Constitucional, deben de legislar para resolver la colisión de derechos que se puedan presentar entre los derechos de la mujer gestante y los del ser en formación.
Quienes se empeñan en mantener la penalización absoluta del aborto en El Salvador deben pensar que cada 21 minutos una niña es violada en nuestro país, muchas de ellas terminan viviendo embarazos impuestos como resultado de estos hechos criminales. Nuestro país sólo les ofrece la amenaza de la cárcel
Los miembros de la Asamblea Legislativa deben de buscar consensos, sin que esta problemática sea utilizada para promover confrontaciones estériles, centrándose en el contenido de la propuesta de reforma, que no elimina el aborto como delito, sino que lo despenaliza en casos claramente definidos:
- Para salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud, previo dictamen médico y con el conocimiento de la mujer.
- El realizado por facultativo con consentimiento de la mujer, cuando sea un embarazo que fue producto de una violación sexual o trata de personas.
- El realizado por facultativo, con consentimiento de la mujer cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina.
- El realizado por facultativo, con consentimiento de la menor de edad en los casos de violación y estupro; con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
Llamamos a diputados y diputadas a que, haciendo un ejercicio de madurez política y capacidad de concertación, en sus últimas sesiones de legislatura, aprueben la despenalización del aborto en casos graves, para contribuir a garantizar el derecho a la salud y vida de las niñas, mujeres y adolescentes.
