San Salvador, 12 de mayo de 2020. Las organizaciones defensoras de derechos humanos Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Women’s Equality Center (WEC), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 hemos tenido conocimiento del agravamiento de las condiciones en las que están viviendo las mujeres privadas de libertad; situación que nos preocupa y que afecta al país. La aplicación de medidas que promueven el aislamiento y la restricción de movilidad y contacto físico no es viable en condiciones de reclusión, tememos por el riesgo al contagio y un posible agravamiento del brote que lleve a estas personas a la muerte.
La realidad que vive la mayoría de la población es más grave para las personas privadas de libertad en El Salvador, en especial para las mujeres que se encuentran con sus hijos en edad infantil en las cárceles.
Según datos que el Estado proporcionó a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su visita “in loco” en diciembre 2019, el Sistema Penitenciario cuenta actualmente con una población privada de libertad de 38,627 personas, del cual el 92.25% corresponde al sexo masculino y el 7.74 % al femenino. Lo que convierte a El Salvador, según el World Prison Population List, en el segundo país del mundo con la mayor tasa de encarcelamiento, con 604 por cada 100,000 habitantes. Un dato relevante es que si bien el 72.43% de la población privada de libertad se encuentra ya condenada, hay un 27.57 % que está procesada a la espera de juicio y a la que no se le está garantizando la presunción de inocencia.
La situación de hacinamiento del sistema carcelario, unido a las medidas extraordinarias que se están aplicando en la actualidad, como estrategia gubernamental para el control y prevención de la violencia, les provoca a estas personas graves riesgos de salud, entre ellas brotes mortales de tuberculosis, condiciones ideales para la contaminación masiva de COVID-19 entre la población privada de libertad, tal como señaló Agnes Callamard, Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales del Consejo Nacional de Naciones Unidas en su reciente vista a el país.
Antes de iniciar la cuarentena se prohibió a las mujeres encarceladas que sus familiares les ingresaran productos básicos de higiene personal, incluidas toallas sanitarias, los cuales no son proporcionados por el Sistema Penitenciario. Un caso aún más grave, es el de las mujeres que viven con sus hijos menores al interior de la Granja Penitenciaria de Izalco, hay 108 niñas y niños. El COVID-19 también les está afectando pues carecen de pañales y leche para bebés. Desde nuestras organizaciones hemos promovido acciones de solidaridad para el ingreso de lotes de productos básicos de higiene femenina y para hijos.
Tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado salvadoreño tiene el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad, debe garantizar condiciones de detención acordes con la dignidad de toda persona, proveer servicios de salud a la población penitenciaria, y aplicar el régimen de aislamiento de conformidad con estándares internacionales en la materia. Estas medidas son de especial urgencia considerando que las consecuencias de la pandemia representan un mayor riesgo para esta población”.
Ante esto, nos unimos a la demanda de organismos internacionales y solicitamos las siguientes medidas de prevención contra el contagio:
- Pruebas sistemáticas y amplias para detectar posibles contagios de COVID-19 y poder realizar los procesos de aislamiento y cuarentena recomendados por epidemiología.
- Garantía de agua y jabón para el lavado de manos.
- Garantizar productos de higiene personal para las mujeres, ya que actualmente no pueden recibirlo de sus familiares.
- Proveer pañales y alimentación para niños y niñas, esto para las mujeres que conviven con sus hijos en prisión.
- Garantizar un trato digno y respetuosos de los derechos de los privados de libertad.
- Habilitar procesos que faciliten la entrega de paquetes de familiares y organizaciones humanitarias, con productos de higiene femenina y para los menores de edad.
- Agilizar el trámite de medidas que permitan la libertad de reclusas que cumplan con los requisitos. Así como contemplar medidas alternativas a la prisión tomando en cuenta que las condiciones de hacinamiento y salubridad son factores de riesgo en el marco de la pandemia.
- Garantizar el derecho a la información pues, en medio de la pandemia, los familiares no han podido conocer el estado de integridad y salud de las internas y de los niños/as. Se ha dilatado o negado información a los abogados representantes de estas personas privadas de la libertad. Conocer el estado e integridad de las mujeres, y sus hijos, en prisión es esencial para garantizar sus derechos fundamentales.
