San Salvador, 29 de octubre de 2018.- Ante el riesgo inminente de sufrir un daño irreparable a su salud e integridad personal, La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador; la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Imelda Cortez.
Se trata de una joven salvadoreña de 20 años que está siendo imputada por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, tras enfrentar un parto extrahospitalario en Jiquilisco, departamento de Usulután. Las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares sostienen que el Estado de El Salvador no ha protegido ni garantizado sus derechos y, por el contrario, la ha criminalizado y con ello ha puesto en grave riesgo sus derechos.
“Esta joven, que ha sobrevivido a años de violencia sexual, que ha sido víctima de la pobreza y la exclusión social, hoy es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que, afecta particularmente a mujeres en situación de vulnerabilidad”, señaló Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
El próximo 12 de noviembre, se juzgará a Imelda. No obstante, hasta la fecha no se le ha brindado apoyo psicológico y se le mantiene en prisión preventiva sin haber considerado su condición de víctima.
Tal como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en casos de delitos de violencia sexual como el de Imelda, resulta necesario que “se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere”. Además, “la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género”.
“El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres. Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto”, sostuvo Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana y agregó: “Es muy grave y triste ver que nada cambia en uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras las mujeres mueren y abarrotan cárceles sin motivo”.
Las organizaciones que han acompañado a Imelda durante este proceso solicitaron a la CIDH que, adoptar medidas cautelares para evitar un mayor deterioro a la salud e integridad personal de Imelda.
“Hacemos un llamado para que El Salvador rectifique sus actuaciones, cese esta absurda criminalización y brinde la atención que está joven necesita”, concluyeron.
Como parte de las acciones de apoyo, además, lanzaron una campaña ciudadana de firmas, bajo el #SalvemosaImelda y #JusticiaParaImelda, que se compartirá a través de canales digitales. La petición se encuentra en este
