Usulután, 12 de noviembre del 2018. Imelda Cortez no pudo recuperar su libertad hoy. La vista pública fue suspendida por el Tribunal de Sentencia de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García, quien lo preside, ya que la fiscal Bernarda Marisol Cáceres de Roque avisó hasta esta mañana que estaba enferma.
La audiencia inició con un retraso de casi dos horas, debido a que la fiscal no se presentaba. Fue hasta que el tribunal colegiado entró que la secretaria del juzgado leyó una solicitud enviada por Juan Miguel Cardona Arias, jefe de delitos relativos a la niñez y adolescencia, quien aseguraba que la fiscal, en comunicación telefónica realizada a las 8:00 a.m., le avisó que padecía faringoamigdalitis. Y que “no habiendo personal para enviar a alguien que la sustituya, reprograme la fecha”. Así, sin constancia médica ni más, la vista pública tuvo que reprogramarse para el 17 de diciembre, a las 10:30 a.m. De ser necesario, será continuada el 20 de diciembre, esto debido a la cantidad de testigos convocados tanto por la fiscal como por el equipo jurídico a cargo de la defensa de Imelda.
Arnau Baulenas, quien integra la defensa, pidió al juez García que la fiscal anexe una constancia médica al proceso para que compruebe su salud; y, lamentó la falta de respeto de la Fiscalía General de la República (FGR), quien tuvo conocimiento de esta situación a las 8:00 a.m. y dio aviso hasta las 10:40 a.m. Hizo alusión al gasto que esto representa para el equipo jurídico, para el Estado y para la familia de Imelda. El juez García dijo que pedirá incorporar esa constancia médica y estuvo de acuerdo con la falta de la FGR.
Por su parte, Bertha Deleón, apoderada legal y defensora de Imelda, lamentó la suspensión y recordó que la audiencia preliminar se suspendió en siete ocasiones por la inoperancia de funcionarios del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: cuatro a petición del equipo de defensa porque el Instituto de Medicina Legal (IML) no había realizado los peritajes solicitados; una por el juez de primera instancia de Jiquilisco porque los peritajes no fueron realizados a tiempo; una, por falta de transporte de reos de Centros Penales de San Miguel; y la última, a solicitud del juez.
Esto ha significado un costo económico para la familia de Imelda, quien tuvo que viajar desde San Miguel hasta el Juzgado de Primera Instancia en Jiquilisco; y esta vez desde San Miguel hasta Usulután. Así como un daño moral irreparable para la joven, a quien se le está violando el derecho al debido proceso y a recuperar su libertad.
Imelda, de 20 años, está detenida desde el 17 de abril del 2017. Ella tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda en esa fecha Debido a una fuerte hemorragia, fue llevada al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde la detuvieron y acusaron de aborto culposo. Un día después, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado en grado de tentativa contra su hija. Esto pese a que el expediente clínico de la niña revela que nació en perfectas condiciones y saludable; y, a que se comprobó que ella tuvo un embarazo negado, producto de la violencia sexual ejercida por su padrastro, Pablo Henríquez, durante siete años.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, IPAS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) lamentan que Imelda tenga que seguir detenida por la inoperancia de la Fiscalía. Así como la falta de atención médica para la joven, quien ha tenido problemas de salud desde que está detenida en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel.
Para la Agrupación ciudadana el caso de Imelda refleja los graves prejuicios hacia las mujeres de escasos recursos que experimentan emergencias obstétricas y las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. El Salvador se encuentra en el 3 % de los países del mundo que mantiene una prohibición absoluta del aborto, incluyendo aquellas situaciones extremas que ponen en peligro la vida o salud de la mujer, o, incluso cuando se trata de un embarazo inviable o resultado de incesto o violación.
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