Sólo siete países alrededor del mundo prohíben la interrupción legal del embarazo bajo cualquier circunstancia y establecen penas de cárcel para toda persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto: Ciudad del Vaticano, El Salvador, Chile, Malta, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. ¿Será que todo el mundo está mal y sólo nosotros estamos en lo correcto?
Actualmente, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa se están discutiendo dos propuestas una que busca penalizar el aborto hasta 50 años de cárcel, es decir agravar la realidad de las mujeres que actualmente han enfrentado hasta 40 años de cárcel en muchos casos a causa de complicaciones obstétricas, embarazos que ponían en riesgos sus vidas y por situaciones ajenas a la voluntad de mujeres pobres y que no han tenido ni suficiente información ni atención médica suficiente y oportuna debido a la precariedad de las condiciones de su vida y familia. Hay otra propuesta que busca despenalizar el aborto en 4 Causales: Cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante, cuando el embarazo es producto de violación o incesto, cuando la embaraza es menor de edad y cuando el proceso de gestación es incompatible con la vida extrauterina.
Es por ello que como ciudadanía éticamente responsable, defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil alzamos nuestras voces para exigir que esta discusión sobre las propuestas de reforma se haga desde una perspectiva laica y apegada a derecho.
Consideramos que las leyes deben estar hechas para legislar para toda la ciudadanía sin importar su raza, condición social o creencias. Ya que la actual penalización del aborto hace que las mujeres estemos en una situación de vulnerabilidad cuando los embarazos ponen en riesgo nuestra salud y vida pero afecta sobretodo a mujeres viviendo en condición de pobreza, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación y/o incesto, mujeres que ven en riesgo su salud y su vida debido a complicaciones obstétricas o inviabilidad del feto.
En este sentido, mostramos nuestro apoyo y respaldo al movimiento nacional e internacional que está luchando por la despenalización en El Salvador y la reforma del artículo 133 del Código Penal para que, con previo consentimiento de la mujer o de la niña (con autorización de los padres o tutores de la menor en ese caso) para que el aborto no sea punible en algunos supuestos: uno, cuando se realice con el propósito de salvar la vida de la embarazada y preservar su salud, previo dictamen médico. Dos, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de trata de personas. Tres, cuando exista una malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero (no incluye por tanto a niños con síndrome de Down ni otras malformaciones que permitan que el feto se desarrolle con vida fuera del útero).
LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE CONFORMAMOS LA ALIANZA POR LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES, LES DECIMOS:
- A las mujeres que tuvieron embarazo ectópicos, mujeres que se enfrentaron a situaciones de criminalización, que no tuvieron alternativas, familias que perdieron a un ser querido porque la ley antiaborto no les permitió salvar su vida.
- Queremos hablar por nosotras y por otras mujeres que han enfrentado los obstáculos que la legislación impone sobre nuestras vidas al no permitir la interrupción del embarazo por razones médicas.
- Al personal médico que valientemente se ha sumado a esta lucha y está exigiendo garantías para salvar la vida de sus pacientes, reconocemos la importancia de su labor y su participación en esta lucha. Todos los sectores comprometidos con la vida y la salud de las mujeres merecen ser escuchados.
Les decimos: no están solas, porque TODAS SOMOS ELLAS Y ESTAMOS CON USTEDES PARA EXIGIR SALVAR LA VIDA Y SALUD DE LAS MUJERES.
