La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de comunicar la sentencia del caso Manuela y familiares vs. El Salvador en la que ha condenado al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de una mujer por intentar acceder a servicios de salud reproductiva cuando enfrentó una emergencia obstétrica.
Es la primera vez que una Corte internacional señala directamente obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a salud reproductiva en El Salvador, uno de los pocos países en el mundo que todavía penalizan bajo cualquier circunstancia la interrupción voluntaria del embarazo. Los obstáculos que existen en ese país para acceder a salud reproductiva dan origen a violaciones de derechos como la vida, a la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género, entre otros.
Manuela fue una mujer que perdió su embarazo en condiciones precarias a causa de graves quebrantos de salud no diagnosticados por el Estado en 2008. Fue indebidamente denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia, y fue detenida arbitrariamente. Fue juzgada sin una defensa judicial efectiva. Por cuenta de ello fue injustamente condenada a 30 años de prisión luego de enfrentar un proceso penal con profundas irregularidades. Se le negó atención médica para enfrentar un cáncer mientras se encontraba privada de libertad, y murió en 2010 cumpliendo su condena en custodia del Estado y dejando huérfanos a sus dos hijos.
La Corte IDH dio por probado que Manuela sufrió una emergencia obstétrica: “En el presente caso, no cabe duda que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte resalta que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”.
La Corte IDH ordenó a El Salvador regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas y desarrollar un protocolo que garantice la atención de esos casos, entre otras.
Las organizaciones que colitigaron el caso fueron el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
Declaración de Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos:
“Por fin se hizo justicia. El Salvador deberá asumir su responsabilidad por la muerte de Manuela, reparar a su madre, a su padre y a sus hijos e implementar varias medidas estructurales para que ninguna otra mujer repita su caso. La decisión de la Corte también reconoce derechos que deben ser aplicados en América Latina y el Caribe”.
“Debido a la ley que prohíbe el aborto en todos los casos, El Salvador impone duras sanciones penales a las mujeres y al personal médico. Así se motiva el encarcelamiento injusto de muchas mujeres luego de complicaciones y pérdidas naturales de sus embarazos. La injusta encarcelación de mujeres por eventos asociados a emergencias obstétricas tiene que detenerse cuanto antes y la implementación de la sentencia de Manuela puede contribuir a eso”.
Declaración de Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local:
“La Corte Interamericana ha hecho justicia reconociendo que Manuela fue una víctima más de un injusto contexto legal que tiene su origen en la absoluta prohibición del aborto que ha afectado principalmente a mujeres, adolescentes y niñas que viven en situación de pobreza. La historia de Manuela es una historia triste, pero representa un cambio y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres de América Latina y el Caribe que son criminalizadas por eventos obstétricos.”.
“Las organizaciones colitigantes confiamos en que el Estado salvadoreño acatará lo dictaminado por la Corte IDH como lo ha hecho en muchos otros casos, y desde ya están a disposición del Estado para iniciar cuanto antes con la implementación de esta sentencia que dará garantías y salvará vidas, pues pretende cuidar la salud de todas las niñas y mujeres que han estado en riesgo por cuenta de la penalización de servicios de salud sexual y reproductiva”.
center.press@reprorights.org, jorge.menjivar@agrupacionciudadana.org
Jorge Menjívar, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
