Foto: Archivo Agrupación Ciudadana
Editorial de ARPAS
Varias organizaciones presentaron ayer distintos casos que muestran la actuación deficiente y negligente de la Fiscalía: Baterías Record, Ex presidente Flores, Desapariciones forzadas, Irregularidades en concesiones radioeléctricas y casos de abortos accidentales, feminicidios y violencia contra la comunidad LGTBI.
Tutela Legal María Julia Hernández mostró que por la contaminación ambiental de Baterías Record” no se castigó a los más altos personeros de la empresa ni compensó los daños contra los trabajadores. La Fiscalía propuso crear una fundación y que asumiera los costos el Estado, no la empresa culpable.
Sobre el juicio contra el ex presidente Francisco Flores, Iniciativa Social para la Democracia señaló que la Fiscalía tardó en judicializar el caso, retrasó algunas diligencias, no presentó pruebas importantes, amenazó a los querellantes de las organizaciones y no incluyó el delito de lavado de dinero en la acusación contra el ex gobernante que desvió millonarios donativos de Taiwán a cuentas bancarias del partido ARENA.
Asociación Pro Búsqueda denunció que Fiscalía incumple sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mandan investigar desapariciones forzadas de niños y niñas cometidas durante la guerra civil. La Fiscalía tampoco investiga otros delitos de lesa humanidad como el magnicidio de Monseñor Romero y las masacres (El Mozote, El Sumpul, la UCA, etc.)
La negativa fiscal de indagar sobre irregularidades en la asignación y uso de concesiones radioeléctricas, fue denunciada por la Red por el Derecho a la Comunicación. La Red presentó en junio de 2014 un aviso de investigación sobre el otorgamiento anómalo de seis canales de televisión abierta a testaferros de TCS y pidió investigar las actuaciones de todos los ex titulares de la SIGET; pero la Fiscalía no quiso investigar.
Y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto cuestionó el trato desigual de la Fiscalía: en casos de corrupción (ex presidente Flores, CEL-Enel, RHESSA, etc.) y sádicos asesinos confesos como el “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios la Fiscalía favorece a los acusados, pero contra mujeres pobres que tienen abortos accidentales es implacable y les consigue penas hasta de 40 años de presión por “homicidio agravado”.
La Agrupación también criticó la negligencia fiscal en la investigación de los feminicidios y asesinatos de personas LGTBI.
Las organizaciones indican que ésta es sólo una pequeña muestra de casos que reprueban el desempeño fiscal y confirman contundentemente la necesidad de no reelegir a Luis Martínez y designar un nuevo Fiscal General honesto, capaz, independiente y comprometido con la lucha contra la imp
