La Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC), es un espacio que articula a Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, protección y defensa en derechos humanos y a ejercer contraloría social de las políticas de seguridad ciudadana y su impacto en la vigencia de los derechos humanos.
Considerando que los derechos humanos son conquistas que nos permiten ejercer libertades y están protegidos por instrumentos y leyes, como la Constitución de la República, inclusive en contextos de emergencia como la que enfrentamos por el virus SARS-COV-2 que ha originado la pandemia por COVID-19, el Estado sigue teniendo la obligación de respetarlos y garantizar de conformidad con los estándares internacionales y la normativa nacional vigente.
En este contexto expresamos nuestra preocupación por las decisiones del Órgano Ejecutivo que ha evidenciado una actitud deliberada de ignorar las herramientas que ya nuestro sistema normativo ofrece, así como los mecanismos apropiados para su cumplimiento. Entre estas decisiones, destacamos las restricciones a las libertades y garantías constitucionales que se han adoptado sin existir base normativa, con casi ninguna transparencia, y sin que las mismas sean proporcionales, claras y bajo mecanismos de contrapeso que eviten el abuso de poder. En estas condiciones,
muchas medidas adoptadas se transforman en un riesgo para la democracia y para enfrentar cualquier crisis, pudiendo empeorar la situación que se busca atender.
En este marco también se han denunciado detenciones ilegales a personas que supuestamente violentaron la cuarentena obligatoria. Según datos oficiales, desde el 6 abril más de 2,112 personas han sido “retenidas” por la policía y llevadas a “centro de confinamiento” como si se tratase de un delito, en muchos casos, cuando salieron para abastecerse de alimentos o medicamentos. La Sala de lo Constitucional en recientes decisiones de habeas corpus señaló que las “retenciones”, términos usado por la misma policía, son en realidad detenciones ilegales, puesto que en todo caso quienes
contraríen la cuarentena deben ser conducidas a su casa y/o ser objeto de una multa.
Reafirmamos, que para la mejor respuesta a esta crisis sanitaria es indispensable un Estado de Derecho, en el que se controle legalidad de los actos de la administración pública, así como el cumplimiento del reconocimiento y respeto pleno a la división de poderes y control recíproco, el control constitucional y de convencionalidad de las leyes y la soberanía popular, la tolerancia ideológica y pluralismo político.
Advertimos que el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial para cualquier actividad, en un escenario de temor y crisis, solo se agudiza, imponiendo valores como la obediencia y sumisión, propios de los sistemas patriarcales y dictatoriales. Esto deja en evidencia que la política de seguridad carece de un enfoque de derechos humanos y género, generando un impacto diferencial a poblaciones desaventajadas como las mujeres víctimas de violencia, niñez, juventudes y LGBTI.
Rechazamos la política del miedo y autoritarismo que ejerce el órgano Ejecutivo para implementar la cuarentena, porque en la emergencia también hay necesidades esenciales que implican movilidad y se deben resolver sin consecuencias. Un claro ejemplo de estas medidas autoritarias fueron el cerco militar impuesto, vía un tuit de la cuenta del presidente, al municipio del Puerto de La Libertad, así como otras medidas de efectos similares, adoptadas por las municipalidades al amparo de una cuestionable autorización hecha por el Presidente de la República.
Asimismo, son inadmisibles los mensajes de descalificación desde el Ejecutivo hacia la labor de las organizaciones e instituciones que promueven los derechos humanos, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que constituye uno de los legados más emblemáticos de los Acuerdos de Paz.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a:
El Órgano Ejecutivo:
Que, en seguimiento a las recomendaciones dadas por organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, garantice que las medidas adoptadas para combatir la pandemia COVID-19 incorporen un enfoque de derechos humanos y género y cumplan con las obligaciones del Estado ante los tratados internacionales.
Que cesen los discursos confrontativos, mensajes de miedo, represivos y autoritarios que pongan en riesgo la institucionalidad democrática, el estado de derecho y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Que dé cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional en referencia al proceso de Habeas Corpus 148-2020 y demás recomendaciones que la misma institución emita en favor de los derechos constitucionales.
Que garantice un abordaje a la pandemia desde una perspectiva de salud pública y no desde un enfoque represivo y militarista.
Que respete la independencia de poderes, manteniendo los sanos contrapesos democráticos de un
Estado de derecho.
A los organismos internacionales:
Que continúen monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador, en particular, las medidas que generan un impacto en aquellos grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niñez, juventudes y población LGBTI. Que se mantengan vigilantes ante la criminalización de la labor de las organizaciones de derechos humanos, personas defensoras, activistas y periodistas, quienes se mantienen ejerciendo una labor de contraloría social sobre las
medidas implementadas en el marco de esta emergencia.
San Salvador, 22 de abril de 2020
